Pese a lo azaroso que resulta el ejercicio de la política en Colombia, desde hace 35 años el país no se estremecía con el atentado contra un candidato a la presidencia que involucrara efectivamente su integridad física. Se han mencionado intentonas que no han tocado sin embargo la humanidad de los aspirantes. Se está cumpliendo el primer cuarto del siglo XXI y los colombianos creían superada esa execrable práctica, pese a que las últimas campañas presidenciales han estado encendidas. Pero el aleve ataque a bala contra Miguel Uribe Turbay le recuerda a la nación que no ha habido cambio, incluso en un Gobierno originado en esas izquierdas que perdieron candidatos a manos de los violentos.
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Si bien Uribe Turbay está en campaña como precandidato del opositor Centro Democrático, la agresión contra él en su calidad de aspirante a la primera magistratura del país es indefectiblemente un nuevo y claro golpe contra la democracia, una evidente amenaza para el ejercicio de la política y un hecho desestabilizador cuyo origen puede estar en cualquier sector radical, de esos agazapados tanto a la derecha como a la izquierda, interesado en enrarecer la contienda política que inauguró muy temprano el presidente Gustavo Petro al expresar sin rodeos su interés por prolongar la permanencia de su proyecto político en el poder.
Precisamente, el mandatario se ha encargado de exacerbar los ánimos polarizando al país al reducirlo a solo dos actores opuestos: la oligarquía que quiere oprimir al pueblo, del cual él se siente el único vocero. En torno a esa sola dicotomía, también ha endurecido su discurso apelando a expresiones que descalifican, incluso con vulgaridades, a sus contendores, situándolos en la categoría de enemigos, muchos de los cuales han advertido sobre los riesgos para sus vidas debido a los ataques del jefe de Estado.
En estos días, la situación política ha subido de temperatura no tanto por la campaña a la presidencia en sí misma como por la consulta popular que quiere impulsar a toda costa el presidente Petro, a la que se ha opuesto férreamente Uribe Turbay. “Ministro que firme el decreto convocando a la consulta popular lo demandaré por prevaricato. Primero la Constitución. Primero el pueblo colombiano”, dijo el senador en su último trino sobre el tema.
Y en el congreso de Asobancaria, en Cartagena, sostuvo: “A este Gobierno lo vamos a seguir enfrentando, lo vamos a detener y lo vamos a derrotar […]. Es evidente que con esta convocatoria [a la consulta popular] están destruyendo la Constitución; están desconociendo la separación de poderes; están poniendo en riesgo la democracia”.
La Presidencia de la República rechazó de inmediato “de manera categórica y contundente” el atentado y aseguró que ese acto de violencia “es un ataque no solo contra la integridad personal del senador, sino también contra la democracia, la libertad de pensamiento y el ejercicio legítimo de la política en Colombia”. También expresó su “solidaridad con el senador Uribe Turbay, su familia, su equipo de trabajo y sus compañeros del Congreso de la República”, sin mencionar la colectividad política de derecha de la que hace parte.
Paradójicamente, los asesinatos de los últimos candidatos presidenciales en Colombia ocurrieron en 1990, cuando prominentes figuras de la izquierda fueron blanco de las balas: Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro León-Gómez, excomandante del M-19 —movimiento guerrillero al que perteneció el presidente Petro— que le apostó a dejar las armas para hacer política, una intención que fue brutalmente segada.
El atentado contra el senador Uribe Turbay refrenda la sensación que viene experimentando el país en el sentido de que se ha retornado a los niveles de violencia e inseguridad de hace dos y tres décadas, en las que los magnicidios eran ejecutados por menores de edad instrumentalizados por lo que se ha dado en denominar de manera genérica como fuerzas oscuras. Esas fuerzas oscuras siguen vivas y vuelven a usar a un niño de 14 años para dispararle a Uribe Turbay.
Lo más preocupante es que Colombia está todavía a un año de las elecciones presidenciales y, para muchos, el ataque contra Uribe Turbay es un signo de lo que vendrá en los próximos meses. El país vuelve a sentir el remolino de la violencia contra candidatos presidenciales que conforman una abominable lista de la que también hacen parte Luis Carlos Galán (asesinado en 1989), Jaime Pardo Leal (de izquierda, 1987) y Jorge Eliécer Gaitán (1948), una figura que evoca con frecuencia el presidente Petro.
En el congreso de Asobancaria, Uribe Turbay destacó la necesidad de la seguridad y advirtió sobre el fantasma que ahora lo golpeó a él: “Nos están devolviendo a un pasado de violencia al que no queremos volver”, y recordó que vivió en carne propia “el dolor de la guerra”, pues su madre, la periodista Diana Turbay, fue secuestrada el 30 de agosto de 1990 por el narcotraficante Pablo Escobar, y asesinada en cautiverio poco tiempo después. “Quienes lo hemos vivido no estamos dispuestos a que otras familias lo vivan. Un país sin violencia es mi propósito de vida”, planteó.
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