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El reporte de ingresos y gastos de la campaña de Carolina Corcho, exministra y actual cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, ha suscitado serias dudas sobre la transparencia en su financiación, especialmente por el origen de la mitad de los recursos utilizados. De acuerdo con el informe entregado por la campaña al Consejo Nacional Electoral (CNE), el 52% del total de gastos —$737,7 millones de $1.428 millones— provendrían supuestamente de préstamos hechos por un restaurante de “corrientazos” (almuerzos económicos) con nombre francés, ubicado en el extremo sur de Bogotá. Este detalle, reportado por medios y congresistas, ha encendido las alarmas sobre posibles irregularidades.
La empresa señalada es “Gusteau Chefcito Sigi. ML JV EU”, registrada en la localidad de Bosa, al sur de la ciudad. Sin embargo, según la Cámara de Comercio, este establecimiento se encuentra en proceso de liquidación y su registro mercantil, consultado por la congresista Cathy Juvinao, indica que en 2020 reportó activos por apenas $1’720.000, sin movimientos ni ingresos en años recientes. Juvinao visitó la dirección registrada y no logró encontrar el local, lo que incrementó las sospechas sobre la legitimidad de las supuestas operaciones financieras realizadas desde dicho restaurante.
Los documentos presentados también identifican a Sigifredo Vergara Martínez como representante legal de Gusteau Chefcito, información verificada en el Registro Único Empresarial y Social (RUES). La congresista Jennifer Pedraza añadió que Vergara figura en el régimen subsidiado de salud y ha solicitado subsidios de economía popular al Departamento de Prosperidad Social (DPS), donde fue evaluado como beneficiario viable. Pedraza cuestionó cómo un empresario sin liquidez, con un negocio en liquidación y registrado para recibir ayudas estatales, podría haber prestado $737 millones a la campaña de Corcho.
Sin respuesta pública de Vergara sobre el origen de dichos recursos, otra posibilidad planteada por el diario El Tiempo sugiere que el dinero no habría sido un préstamo directo, sino la suma de adquisiciones de refrigerios para los eventos políticos de la campaña. Estas compras —al menos unas veinte— fluctuaron entre $12 millones y $75 millones cada una, y están pendientes de pago bajo el rubro “gastos de reposición del Consejo Nacional Electoral”.
Este caso se complica con otra mención del nombre de Vergara en una denuncia presentada por el aspirante a la Cámara Germán Ricaurte. Él señaló desde su cuenta de X que Gusteau Chefcito también donó $25 millones a la campaña de María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por el mismo movimiento. Carrascal, por su parte, aclaró que no recibió financiación sino que su campaña contrató al restaurante como proveedor de alimentación, registrando la suma como cuenta por pagar y no como donación directa o préstamo, subrayando la importancia de distinguir entre las distintas formas de registro de aportes y gastos en las campañas políticas.
En la medida en que estos interrogantes permanecen sin esclarecer, el caso visibiliza las dificultades para garantizar la transparencia y la trazabilidad de los recursos económicos en las campañas electorales, aspectos fundamentales para la integridad democrática y la confianza ciudadana.
¿Qué controles existen sobre la financiación de campañas políticas en Colombia?
La financiación de campañas políticas en Colombia está sujeta a la vigilancia del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo encargado de supervisar y revisar los informes financieros presentados por los candidatos y partidos. Los controles buscan asegurar que los recursos provengan de fuentes lícitas y que se respeten los topes de gastos establecidos por la ley. Sin embargo, los recientes casos que han salido a la luz, como el de Carolina Corcho, evidencian lagunas y retos en los mecanismos de verificación.
Situaciones en las que empresas de limitada capacidad económica aparecen como financiadoras de sumas millonarias, o donde rubros como “refrigerios” representan una parte significativa del gasto, subrayan la necesidad de procesos más rigurosos y transparentes. Una mayor fiscalización, claridad en los reportes y capacidad de las entidades para auditar la autenticidad y procedencia de los fondos son aspectos vitales para fortalecer la credibilidad del sistema electoral colombiano.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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