El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo y apodado el “zar del contrabando” en Colombia, sigue prófugo en Portugal después de más de un año, mientras la Fiscalía General de la Nación reafirma la vigencia de la circular roja de la Policía Internacional –Interpol– emitida para su captura. Dicho instrumento internacional, gestionado por el coronel Gonzalo Andrés Córdoba Camacho, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia, pone en alerta a los 196 países miembros con el objetivo de facilitar la detención de Marín en cualquier territorio. Esta medida, comunicada en febrero de 2025, fue recientemente revalidada para reforzar la búsqueda efectiva del señalado contrabandista, según el artículo original.
La trayectoria criminal de Marín suma 32 años, dedicados sobre todo al contrabando y el lavado de activos. Sin embargo, frente a la justicia colombiana solo avanza un proceso formal bajo cargos de concierto para delinquir y cohecho propio, según la Fiscalía. El caso gira en torno a una investigación por sobornos entregados a exfuncionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) durante siete meses, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024. Este escándalo evidencia tanto la tenacidad de las redes de corrupción internas como las barreras existentes en la aplicación de justicia ante criminales con movilidad internacional y altos recursos.
La Justicia colombiana tomó la decisión de declarar la contumacia de Marín, término jurídico que indica su negación a comparecer pese a múltiples llamados. Esta condición, avalada por un juez, profundiza la dificultad para llevar a término procesos judiciales y refleja una problemática recurrente en los casos de delincuentes de élite en América Latina, donde la eficacia institucional se pone a prueba. Tal situación expone la necesidad de potenciar los mecanismos de cooperación internacional a fin de impedir la extensión de la impunidad.
Actualmente, la Fiscalía planea presentar acusación formal contra Marín en noviembre de 2025, mientras se investiga la posible participación del mayor retirado Royce Javier Díaz Munive. Este oficial estaría vinculado a actividades ilícitas entre 2022 y 2023 en Cartagena, lo que exhibe la penetración de redes criminales en instituciones públicas y su repercusión directa sobre la seguridad y economía del país.
Estudios de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) subrayan que el contrabando y la corrupción afectan tanto las arcas estatales como la confianza ciudadana, pues erosionan la legitimidad de las instituciones. La FLIP recomienda que, junto a la investigación judicial, se apliquen mecanismos de vigilancia y transparencia para fortalecer la capacidad del Estado frente a redes delictivas.
De acuerdo con expertos citados por El Espectador, la huida de Marín a Europa revela un mayor grado de sofisticación de las organizaciones criminales, que explotan vacíos legales y logísticos para evadir la justicia. Por ello, la cooperación con Interpol y el uso del derecho penal internacional resultan esenciales para lograr la captura y extradición de delincuentes transnacionales.
Por último, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) calcula que el contrabando genera pérdidas multimillonarias que afectan diversos sectores productivos, como los textiles y alimentos, al tiempo que da mayor poder económico a las redes criminales, afectando especialmente zonas vulnerables del país. Así, el caso de Papá Pitufo se enmarca dentro de un problema estructural que impacta tanto la estabilidad social como el desarrollo económico en Colombia.
¿Qué implica la figura de la contumacia en el proceso judicial colombiano?
En el contexto legal colombiano, la contumacia indica la negativa deliberada de un acusado a comparecer ante la justicia. Este término, relevante en el caso de Diego Marín, permite al proceso avanzar aunque el acusado esté ausente, evitando la paralización del caso y facilitando la presentación de pruebas y decisiones judiciales aún en ausencia del sindicado. Su aplicación suele ser necesaria en delitos de alto impacto donde los investigados buscan evadir la acción de la justicia.
¿Cómo afecta el contrabando a la economía y la seguridad en Colombia?
El contrabando, según los informes del DANE y entidades como la FLIP, tiene consecuencias graves tanto económicas como sociales. Impacta negativamente sobre los ingresos fiscales y perjudica a la industria formal, a la vez que fortalece estructuras criminales capaces de corromper organismos públicos y socavar la confianza en el Estado. Esta situación complica los esfuerzos por consolidar un entorno seguro y prosperidad económica, haciendo indispensable la intervención coordinada de diversas instituciones.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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