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A días de cumplirse una década desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las Farc, las miradas vuelven a centrarse en las deudas que persisten con las víctimas y las comunidades de los territorios más golpeados por el conflicto armado, según recogió Noticias Caracol. Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, resaltó en entrevista con ese medio que una de las principales obligaciones incumplidas del Estado es lograr el desarrollo territorial integral en las regiones priorizadas por el acuerdo.
Marín también discutió sobre las responsabilidades de los exintegrantes de las Farc, el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los efectos de la polarización política respecto al proceso. Sus declaraciones coincidieron con la preparación del evento ‘10 años del acuerdo de paz. Audiencia defensorial. La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional’, donde la Defensoría del Pueblo presentará su informe basado en fuentes oficiales, encuentros con víctimas y comunidades, y testimonios de firmantes de paz.
De acuerdo con Marín, el mayor pendiente es la igualdad territorial, principalmente en zonas rurales impactadas por la pobreza, la violencia y los cultivos ilícitos. Señaló que, a pesar de los avances y una disminución en la pobreza multidimensional en las 16 zonas focalizadas, la falta de una presencia estatal integral ha permitido que otros grupos armados ocupen el espacio dejado por las Farc. Como ejemplo, mencionó la situación en Cauca y la reducción de indicadores de violencia en los primeros años tras la firma, una tendencia que no se mantuvo posteriormente.
Sobre la deuda de las Farc con las víctimas, Marín reconoció que la mayoría de los exmiembros del secretariado dejó las armas y compareció ante la JEP; sin embargo, aún falta un reconocimiento pleno del daño infligido. Además, recalcó la importancia de las sanciones restaurativas y restrictivas de la JEP, que deben limitar ciertos derechos y reforzar acciones concretas de reparación. Subrayó que el debate sobre la efectividad de estas sanciones es legítimo, pero que debe centrarse en los resultados para las víctimas, no en argumentos administrativos.
Marín advirtió que cerca de 11.000 firmantes siguen en proceso de reincorporación y muchos enfrentan riesgo físico y dificultades socioeconómicas; más de 500 firmantes han sido asesinados en esta década. Finalmente, la defensora reflexionó sobre la polarización política, insistiendo en que el debate sobre el futuro del acuerdo debe enfocarse en cifras y en los resultados para las víctimas, y no quedar atrapado en posiciones políticas que dificultan avanzar hacia la consolidación de la paz en Colombia.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuáles son las principales deudas del acuerdo de paz con las víctimas y las regiones afectadas?
De acuerdo con las declaraciones recogidas por Noticias Caracol, la principal deuda es lograr el desarrollo territorial integral en las regiones rurales, cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural, y garantizar igualdad territorial. La falta de presencia efectiva del Estado ha facilitado que nuevos grupos armados controlen zonas antes dominadas por las Farc, lo que agrava los retos de seguridad y desarrollo en las zonas que fueron priorizadas por su fuerza histórica de pobreza, violencia y cultivos ilícitos.
¿Qué significa sanción restaurativa en el acuerdo de paz y cómo las aplica la JEP?
Una sanción restaurativa, según lo explicado por la defensora del Pueblo, implica una combinación de restricción efectiva de derechos (como limitaciones de movilidad) y acciones concretas orientadas a reparar a las víctimas y los territorios, como contribuir en la búsqueda de desaparecidos. La Jurisdicción Especial para la Paz otorga estas sanciones a quienes reconocen su responsabilidad y aportan verdad, pero el debate actual se centra en si estas sanciones generan suficiente satisfacción y reparación a las víctimas.
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