El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El presidente Gustavo Petro firmó recientemente el Decreto 1052, una decisión que implica la suspensión temporal de operaciones militares en ciertas zonas rurales de Nariño y Putumayo. Esta acción forma parte de la llamada política de paz total, cuyo principal objetivo es abrir espacios para la entrega y destrucción de 14 toneladas de material de guerra por parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una de las disidencias de las FARC bajo el liderazgo de Walter Mendoza, según fuentes citadas como Infobae y El Espectador.
Este anuncio se inscribe en un contexto más amplio y complejo de esfuerzos estatales por reducir los niveles de violencia que afectan históricamente a Colombia. El enfoque definido por esta medida es microfocalizado, es decir, tiene límites precisos en cuanto a tiempo y territorio, lo que lo separa claramente de un alto al fuego general. Así, las operaciones militares que afectan economías ilegales, como el narcotráfico o la minería ilícita, no se suspenderán bajo este decreto, de acuerdo con información detallada por El Espectador y otros medios que cubren procesos de paz.
La destrucción progresiva del armamento entregado será vigilada por equipos técnicos del Ministerio de Defensa, la Oficina del Comisionado para la Paz, y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (OEA), conocida como MAPP-OEA. En números concretos, se proyecta eliminar 4 toneladas en Putumayo y 10 en Nariño. Tales acciones se realizarán con estricta observancia de normas ambientales y en lugares suficientemente alejados de zonas habitadas, siguiendo los lineamientos reportados por medios nacionales.
Los compromisos pactados establecen que la CNEB debe abstenerse de provocar hostilidades o interferir con los operativos de la Fuerza Pública durante el proceso. A nivel logístico, serán necesarios traslados cuidadosos de los materiales, la preparación de inventarios minuciosos y su verificación antes de cada etapa de destrucción. Todo ello pretende sentar un precedente para futuros procesos de desarme y acuerdos generales.
Pese a que la suspensión militar decretada es de carácter temporal y restrictivo, abre posibilidades para futuros pactos de paz más amplios. La participación internacional, en labores de verificación y vigilancia del cumplimiento, refuerza la confianza entre las partes y puede sentar bases para consolidar la paz en territorios tradicionalmente afectados por la confrontación armada.
No obstante, el reto logístico no es menor: la movilización de tanto material requiere una planeación detallada y la identificación de espacios donde no se ponga en riesgo a la población o al entorno natural, retos ampliamente mencionados en los reportes de El Espectador y Futuro Colombia. Además, la sostenibilidad de estos compromisos será fundamental para asegurarse de que los acuerdos no se queden en gestos simbólicos sino que se traduzcan en disminución real de la violencia.
El Decreto 1052 debe leerse como un avance técnico, verificable y supervisado hacia acuerdos de desarme efectivos. Su alcance y durabilidad dependerán en última instancia de la voluntad de las partes y de la vigilancia constante por parte de organismos internacionales y estatales encargados.
¿Qué significa “microfocalización” en el contexto de la paz en Colombia?
El término “microfocalización” se refiere a la delimitación precisa, tanto en el espacio como en el tiempo, de las áreas donde se aplican medidas de suspensión militar. Esto evita que la suspensión sea generalizada o permanente en todo el territorio nacional. Contextualizar este concepto es clave porque permite realizar acciones puntuales de paz, sin comprometer la seguridad general ni suspender de forma absoluta las acciones contra delitos transnacionales como el narcotráfico, principal preocupación señalada en los comunicados oficiales y reportes periodísticos sobre el decreto.
En la práctica, la microfocalización reduce riesgos al definir perímetros de acción, establece plazos y condiciones claras, y facilita el monitoreo y la rendición de cuentas de los resultados obtenidos. Esto ayuda a que los acuerdos de entrega y destrucción de armas puedan cumplirse sin poner en peligro a las comunidades o a la integridad de los procesos institucionales.
¿Cuál es el papel de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA)?
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos, conocida por las siglas MAPP-OEA, es fundamental en la verificación y acompañamiento de los procesos de transición y desarme en Colombia. Su tarea es brindar respaldo y dar seguimiento imparcial a los compromisos, asegurando que las condiciones establecidas se cumplan en cada etapa.
El papel de la MAPP-OEA tiene especial relevancia porque su presencia internacional genera confianza entre las partes, aporta mecanismos técnicos de observación y contribuye a la documentación objetiva del desarrollo del proceso. De este modo, fortalece la transparencia y la legitimidad de los acuerdos, aspectos señalados por los analistas y los propios comunicados oficiales del gobierno colombiano.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz
Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.
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