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El reciente enfrentamiento verbal entre el presidente Gustavo Petro y Eugenio Vélez Uribe, delegado del departamento de Caldas ante el Comité Nacional y miembro directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, ha puesto en primer plano la tensión permanente entre el Gobierno colombiano y el gremio cafetero. Petro, haciendo uso de su cuenta en X (antes Twitter), criticó el modelo económico del país, calificándolo de “raquítico y paralítico”, y acusó a los gremios del café de vivir exclusivamente de la renta, frenando reformas clave como la agraria para preservar sus propios intereses. Según el presidente, la política de vender café únicamente en grano ha debilitado el valor de la marca colombiana en el exterior, citando como ejemplo que en Italia, un importante consumidor mundial, prácticamente no se encuentra café colombiano puro debido a esta estrategia de comercialización. También señaló la presunta presencia de “rentas feudales” y mafias ilegales que, a su juicio, contribuyen a perpetuar desigualdades y obstaculizan la diversificación productiva.
Frente a estas acusaciones, Eugenio Vélez Uribe sostuvo que tales afirmaciones reflejan un desconocimiento del funcionamiento real del sector cafetero en Colombia. Remarcó los recursos limitados destinados al sector por parte del Estado, citando el Fondo de Acceso para Insumos Agropecuarios (FAIA). De acuerdo con Vélez, este fondo ha beneficiado a solo 15 mil productores, otorgando cerca de 30 mil millones de pesos, una cifra modesta ante la magnitud del sector, el cual habría progresado principalmente por el compromiso de los caficultores, las condiciones climáticas y el apoyo técnico de la Federación.
En cuanto a los resultados productivos, Vélez Uribe recalcó que para el ciclo octubre 2024 – septiembre 2025, Colombia logró una cosecha histórica de 14,869,000 sacos de 60 kilos, lo que supone un aumento del 16.54% respecto al año anterior. Se trata de la mayor producción en 33 años, con un impacto positivo tanto en los ingresos de los productores como en el recaudo por exportaciones, permitiendo más recursos públicos para el sector.
El contexto de estas polémicas se enmarca en el papel fundamental del café dentro de la economía, la sociedad y la cultura colombiana. Tradicionalmente, el rubro cafetero ha impulsado el empleo rural —con aproximadamente 500 mil productores, la mayoría pequeños agricultores, según el Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Cafeteros—, aunque enfrenta retos persistentes como la volatilidad de los precios internacionales, la presión de cultivos ilícitos y el envejecimiento de la mano de obra agrícola, sumados a la necesidad de modernización estructural.
Las críticas de Petro hacen eco de una visión más amplia que aboga por modernizar la economía colombiana, añadiendo valor, innovación y justicia social, lo cual implica la reforma agraria y un enfoque renovado sobre la producción. Análisis del Centro de Estudios Económicos de la Universidad de los Andes sostienen que es indispensable fortalecer las cadenas productivas y fomentar políticas que promuevan la industrialización del café y la sostenibilidad.
No obstante, la Federación ha empezado a impulsar proyectos como la apertura de centros tecnológicos en zonas cafeteras, incluyendo el nuevo centro logístico para Buencafé Liofilizado en Caldas, pensado para mejorar el procesamiento local y posicionar el café colombiano en nichos globales más competitivos. Según reporta La Patria (2025), estas iniciativas representan oportunidades concretas para agregar valor y fortalecer el sector.
Este conflicto adquiere además un matiz político, ilustrando el distanciamiento creciente entre políticas gubernamentales y los gremios sectoriales, algo que distintos expertos del Observatorio Agrario Colombiano identifican como un desafío para la gobernabilidad rural y la concertación en torno al futuro del campo colombiano.
En conclusión, el debate revela la urgencia de desarrollar estrategias integrales y colaborativas, en las que participen productores, gremios, Gobierno y mercados internacionales, de modo que la producción cafetera colombiana avance hacia la equidad, la sostenibilidad y el reconocimiento internacional.
¿Qué significa valor agregado en la producción cafetera? En el contexto cafetero, “valor agregado” se refiere a las etapas del proceso que van más allá de la simple venta del café en grano, como el tostado, empaque, liofilización y desarrollo de marcas propias. Este concepto ha cobrado importancia porque permite al país captar mayores beneficios económicos y fortalecer la presencia de la marca “Café de Colombia” en mercados internacionales exigentes. El presidente Petro y expertos en desarrollo rural han insistido en la necesidad de promover la transformación productiva como un medio para reducir las brechas sociales y abrir nuevas oportunidades para los caficultores.
¿Cuáles son los principales retos futuros para el sector cafetero colombiano? El futuro del sector cafetero en Colombia está marcado por desafíos estructurales como la inestabilidad de los precios internacionales, la competencia global, el desplazamiento por cultivos ilícitos y el envejecimiento de la población rural. De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros y análisis del Observatorio Agrario Colombiano, la adaptación tecnológica, la capacitación de los productores y la articulación de políticas públicas serán factores determinantes para asegurar la sostenibilidad, productividad y reconocimiento internacional del café colombiano en las próximas décadas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz
Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.
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