Noticias de Manizales y Caldas: todo en actualidad, investigación, deportes, vías y noticias de la región en La Patria.
El reciente decreto 0953, oficialmente en vigor desde la semana pasada, introduce una nueva figura de evaluación para los maestros del sector público en Colombia. La normativa establece criterios ligados al cargo ocupado, el nivel de formación y el contexto en el que los docentes desarrollan su labor. Entre sus requisitos más relevantes se encuentra la obligación de contar con mínimo tres años de experiencia laboral una vez superado el periodo de prueba y haber obtenido al menos un 60 % de calificación en evaluaciones anteriores, según lo informado por el Ministerio de Educación y el medio LA PATRIA. Además, se pone claro énfasis en la formación continua como motor para el mejoramiento educativo, alineando el proceso de evaluación con las demandas actuales del sistema educativo.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, en declaraciones recogidas por LA PATRIA, destacó este decreto como una conquista del magisterio colombiano y lo calificó como muestra de que el gobierno escucha y actúa de acuerdo con los principios de justicia social y calidad educativa. Sin embargo, el alcance de la medida exige una mirada más amplia, considerando tanto antecedentes de la política docente como recomendaciones internacionales. El contexto global evidencia que las políticas de evaluación efectivas no solo favorecen a los maestros de manera individual, sino que también contribuyen a la mejora de todo el sistema.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), un sistema de evaluación docente eficiente debe promover la formación y el desarrollo profesional, evitando convertirse en un instrumento meramente punitivo (UNESCO, 2022). Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) subraya que el reconocimiento formal de los avances profesionales y la provisión constante de oportunidades de capacitación establecen incentivos sólidos para el compromiso docente (OCDE, 2021). Bajo estas luces, la reciente reforma colombiana puede leerse como un intento de alinearse con los enfoques más actualizados del sector.
No obstante, el decreto introduce requisitos excluyentes que han motivado preocupación entre algunos expertos en política educativa. La exclusión, para efectos del escalafón, de periodos laborados en provisionalidad, contratos de prestación de servicios, o tiempos de suspensión puede impactar negativamente en la estabilidad laboral y en la disposición de los profesionales a permanecer en el sector público. El Banco Mundial enfatiza en su informe de 2023 que reglas poco claras o restrictivas han incidido en el éxodo de docentes en múltiples países latinoamericanos.
Por otro lado, la normativa dispone que la divulgación de las convocatorias debe hacerse a través de plataformas oficiales y medios masivos, respondiendo así a mayores estándares de transparencia y rendición de cuentas pública. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostiene que la participación multisectorial y la vigilancia ciudadana refuerzan tanto la legitimidad como la efectividad de las políticas públicas en educación (CEPAL, 2020). En esa dirección, la convocatoria a la comisión de implementación efectuada por el Ministerio de Educación el 2 de septiembre señala la apertura de una nueva fase de definición para estos procesos, en la que la opinión de las regiones y los propios maestros deberían tener un papel crucial.
Al final, el decreto 0953 representa un paso significativo en la modernización del sistema docente en Colombia, con aspiraciones de profesionalización y alineamiento con estándares internacionales. La verdadera dimensión de este avance dependerá de la claridad, equidad y consistencia con las que se implementen las nuevas reglas, así como de la capacidad institucional de garantizar un ambiente propicio para el desarrollo profesional y la calidad educativa.
¿Qué ventajas trae la formación continua para los docentes?
La formación continua es central en las políticas educativas contemporáneas, pues se considera un mecanismo eficaz para garantizar la actualización permanente del profesorado frente a los nuevos desafíos pedagógicos y tecnológicos. De acuerdo con informes de la OCDE y la UNESCO, la formación profesional regular permite que los maestros mejoren sus prácticas de aula, adquieran herramientas innovadoras y se adapten más fácilmente a los cambios curriculares y de contexto social. Por ende, no solo impacta la calidad educativa general, sino también la motivación y la proyección profesional docente.
En el entorno colombiano, incorporar la formación continua como elemento clave de la evaluación docente, como lo establece el decreto 0953, se traduce en la posibilidad de que los educadores fortalezcan su perfil profesional y mejoren su desempeño a lo largo de su carrera. Esto puede motivar la permanencia en el sector público y la búsqueda de excelencia en la enseñanza, elementos que son vitales para la transformación del sistema educativo.
¿Por qué es importante la transparencia en los procesos de evaluación docente?
La transparencia es uno de los principios fundamentales para asegurar la legitimidad de cualquier política pública. En el caso de la evaluación docente, su importancia radica en que permite a los actores implicados—maestros, sindicatos, padres de familia y sociedad en general—comprender, supervisar y confiar en los procedimientos de ascenso y permanencia laboral. Cuando los procesos son claros, públicos y ampliamente difundidos, se minimizan los riesgos de arbitrariedad, favoritismos o exclusiones injustificadas. Según la CEPAL y el Banco Mundial, la ausencia de transparencia ha sido una de las principales fuentes de desconfianza y conflicto en el sector educativo de América Latina.
El decreto 0953, al estipular mecanismos específicos para divulgar las convocatorias y la participación de diferentes actores en la etapa de implementación, se alinea con este objetivo de fortalecer la confianza institucional. Así, se busca que todos los interesados tengan acceso a la información y puedan ejercer control social sobre el desarrollo y los resultados del proceso, lo que contribuye a la consolidación de un sistema educativo más justo y eficiente.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
