De las múltiples dimensiones que tiene la crisis de la salud en Colombia, la que tiene que ver con los medicamentos es quizá la más notoria y dramática. La soportan millones de pacientes que, en la mayoría de los casos, hacen honor a su condición, pues esperan con paciencia, estoicismo y resignación los remedios que necesitan, pero que no llegan.
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Esos millones de colombianos no reciben sus medicinas también por múltiples factores como la escasez, la demora en la entrega por parte de los dispensarios, el vencimiento de las fórmulas y hasta la acumulación de registros sanitarios en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
A comienzos de este año, varias organizaciones del sector farmacéutico y empresarial, entre ellas, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) y la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (Fifarma), así como la Cámara de Comercio Colombo Americana (Am-Cham Colombia), presentaron una propuesta orientada a modernizar el Invima y fortalecer su capacidad para responder a las necesidades del sistema de salud.
Tiempoos de aprobación en el Invima han aumentado
El objetivo era impulsar una transformación institucional que permita mejorar los procesos regulatorios, garantizar el acceso a la innovación médica y aumentar la competitividad del país. Según esas organizaciones, el fortalecimiento del Invima es clave para asegurar que los colombianos puedan acceder de manera oportuna a medicamentos y tecnologías de salud seguras y eficaces.
Uno de los principales problemas que identificaron esos gremios es el aumento en los tiempos de aprobación de registros sanitarios. De acuerdo con el diagnóstico que presentaron, actualmente hay 12.470 trámites represados, lo que refleja una disminución en la capacidad operativa de la entidad y la ausencia de mecanismos eficientes para priorizar procesos.
Además, los tiempos para aprobar nuevos registros han aumentado en los últimos años. Los datos de las organizaciones que piden reformar el Invima indican que mientras que en 2024 el promedio era de 22 meses, en 2025 el plazo subió a 29 meses, uno de los más largos de América Latina.
Como es de esperarse, las organizaciones advirtieron que esta situación tiene efectos directos sobre los pacientes, ya que la disponibilidad de medicamentos innovadores en Colombia puede tardar hasta cinco años después de haber sido aprobados por agencias regulatorias internacionales.
Por eso, plantean varias acciones orientadas a modernizar el Invima y alinear esa entidad con estándares internacionales, y actualizar el marco regulatorio incorporando estándares reconocidos por la Organización Mundial de la salud (OMS).
En ese sentido, recomendaron implementar mecanismos de confianza regulatoria que permitan aprovechar evaluaciones hechas por agencias internacionales, establecer plazos claros y diferenciados para los trámites según el tipo de producto y su nivel de riesgo, avanzar hacia una mayor autonomía financiera del Invima y fortalecer los mecanismos de transparencia institucional.
En septiembre pasado, el Invima prorrogó por seis meses la vigencia del plan de contingencia adoptado en marzo de 2025 para la gestión de trámites de registro sanitario y trámites asociados de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima. La ampliación del plan tenía como propósito garantizar la continuidad y celeridad en la gestión de los trámites de registros sanitarios, y mitigar el riesgo de desabastecimiento de medicamentos.
Un análisis de la Universidad Javeriana sobre la crisis de medicamentos en Colombia, cita a Juan Pablo Albanés, farmacoepidemiólogo de la Universidad Tecnológica de Pereira y de Audifarma S.A., para quien hay dos caminos que podrían conducir a bajar los costos y evitar la falta de medicinas en el país.
Primero, recortar la “tramitomanía” del Invima para que entren más productos al país: “Si el Invima reduce pasos, habrá más oferta y menos desabastecimiento”. Además, invita a los médicos a recetar solo lo que realmente hace falta: “Si todos usamos la tecnología más nueva y cara, ningún sistema aguanta”. Para ayudar, sugiere que el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) diga qué tan útil es cada fármaco y que un observatorio publique, con “libros abiertos”, cuánto cuesta y cuánto se usa cada medicina.
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