El magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido tras el ataque armado que sufrió durante un mitin político, no solo ha causado conmoción en el ámbito político y social del país, sino que también ha abierto un debate jurídico sobre los derechos que podrían corresponderle a su familia en materia de prestaciones económicas.
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De acuerdo con el análisis del abogado Andrés Barrera, el fallecimiento del senador y precandidato presidencial activa disposiciones legales que van más allá del marco político. Uribe Turbay, como congresista en ejercicio, estaba amparado por un régimen especial de pensiones que rige para la mayoría de los trabajadores colombianos.
El jurista explicó, a través de un video en TikTok, que por su condición de congresista, Uribe Turbay estaba cobijado por la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1359 de 1993, normas que establecen beneficios particulares para los miembros del Congreso.
Entre estos, se contempla una pensión de sobrevivientes equivalente al 75 % del salario del legislador fallecido. Esta pensión sería vitalicia para su esposa y se mantendría para sus hijos hasta que cumplan los 25 años, siempre que estén estudiando.
@abogadoandresbarrera El fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay deja importantes reflexiones sobre la protección legal a las familias de servidores públicos y la responsabilidad del Estado. 🕊️⚖️ En este análisis revisamos el régimen especial de congresistas, la cobertura de la ARL y las vías para reclamar indemnizaciones. 📌 Conoce tus derechos y compártelo para que más personas estén informadas. #DerechoLaboral #SeguridadSocial #Pensiones #ResponsabilidadDelEstado #AccidenteLaboral #Colombia #CongresoDeColombia #Uribe #MiguelUribe #MiguelUribeTurbay ♬ sonido original – Abogado Andrés Barrera.
Además, Barrera señaló que el hecho de que el ataque ocurriera mientras Uribe Turbay ejercía sus funciones políticas permite considerarlo como un accidente laboral.
En ese escenario, entraría a operar la cobertura de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), que también concede a los beneficiarios una pensión de sobrevivientes equivalente al 75 % del salario vigente del fallecido, junto con otras prestaciones adicionales.
Sin embargo, la familia no podría recibir simultáneamente ambas pensiones —la del régimen especial de congresistas y la otorgada por el sistema de riesgos laborales— por tratarse del mismo hecho generador.
Por eso, deberán optar por el régimen que les resulte más conveniente. Según el abogado, aunque los montos calculados por ambas figuras son muy similares, la ARL suele tramitar el reconocimiento con mayor rapidez y no exige el cumplimiento de requisitos como el número mínimo de semanas cotizadas, lo que podría representar una ventaja en términos de tiempo.
A lo anterior se suma la posibilidad de que la familia inicie un proceso para reclamar una indemnización plena de perjuicios contra el Estado colombiano. Esto bajo el argumento de que existió una falla en el deber de protección hacia el senador, considerando que su asesinato se produjo en un evento político que debía contar con medidas de seguridad suficientes.
¿Cuánto gana un congresista de la República?
El tema económico no ha pasado inadvertido, ya que el salario de un congresista en Colombia es considerablemente alto. Según cifras oficiales del Senado, la remuneración mensual de un legislador es de $ 43.418.537 pesos, distribuidos en tres componentes:
- Asignación básica: $ 10’498.210 pesos.
- Gastos de representación: $ 18’663.490 pesos.
- Prima de servicios: $ 14’256.837 pesos.
Sin embargo, hay un ajuste en 2025 (+7 %): con el Decreto 611 de 2025, los valores anteriores se actualizan en 7 %. El resultado aproximado por componente es: asignación básica $ 12’46 millones, gastos de representación $ 22’14 millones y prima especial $16’91 millones, para un total cercano a $ 51’51 millones.
Aunque la ley les garantiza un ingreso mensual significativo de por vida para su esposa y hasta cierta edad para sus hijos, también existe la posibilidad de una reclamación adicional contra el Estado.
La elección no será sencilla, pero las normas vigentes ofrecen mecanismos para que los beneficiarios puedan contar con un respaldo económico sólido tras la pérdida.
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