A la reunión asistieron representantes del Gobierno Nacional como el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Diego Molano, y los secretarios de Gobierno y Seguridad de Bogotá, Luis Ernesto Gómez y Hugo Acero. Pese a que en principio se dijo que la alcaldesa Claudia López no estaría presente, al final se conectó de forma virtual.

Por eso, entre otras cosas, la mandataria de los bogotanos tuvo una intervención en la que le pidió al presidente Iván Duque acatar el fallo de la Corte Suprema y reconocer los excesos en el uso de la fuerza para controlar manifestaciones de noviembre de 2019 y septiembre de este año; además de pedir perdón por estos actos.

Además, dijo Blu Radio, el Gobierno le presentó a la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y a la Fiscalía, también presentes en la reunión, un protocolo para manejar las protestas que incluye nuevos procedimientos para el uso de armas letales y no letales, deberes de los participantes de las marchas y las autoridades, y la forma en que se vigilarán.

El documento, de 19 páginas, lleva por nombre ‘Atención de manifestaciones pacíficas y control de disturbios para la Policía’ prohíbe que la Policía haga uso de armas de fuego durante “el acompañamiento, prevención e intervención” de estas actividades, señaló Noticias Caracol.

El informativo señaló que el protocolo es claro en que “únicamente y cuando haya peligro para un miembro de la Fuerza Pública o para un tercero se podrá utilizar armas no letales” y el Esmad  “será el último recurso de intervención”; fuerza a la que le piden varias reformas.

Otros apartes del documento también decretan que los integrantes de la Fuerza Pública deberán asistir a una capacitación en derechos humanos y el uso de armas. Además, “no se deberá estigmatizar la protesta social y se deberá presumir la legalidad y la intención pacífica” de todas las manifestaciones.

Pero las personas que participen activamente en las marchas también deberán cumplir condiciones como no usar capuchas para ocultar su identidad y, naturalmente, tampoco deberán portar explosivos.

La Procuraduría jugará un papel importante pues podrá intervenir y hacer revisión de las armas que portarán los uniformados. CM& añadió que el personal habilitado para intervenir y controlar disturbios podrán utilizar elementos como lanzagases, cartuchos con carga química, granadas fumígenas y, efectivamente, no está la escopeta calibre 12, cuyo uso fue suspendido por la Corte Suprema.

Este martes, habrá una nueva reunión en la Casa de Nariño para presentarle un documento al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues esta reunión se dio en cumplimiento de una orden de ese alto tribunal, y para avanzar en la construcción de ese protocolo.