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Un reciente informe presentado por la Defensoría del Pueblo, tras una serie de visitas realizadas durante el segundo semestre de 2025, dejó en evidencia que la situación de las personas privadas de la libertad en Colombia sigue siendo crítica. La entidad documentó la persistencia de vulneraciones a derechos fundamentales, entre ellas el hacinamiento, las fallas en la alimentación y las dificultades en el proceso de resocialización especialmente para mujeres. En total, se inspeccionaron 20 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, los cuales concentran a más de 33.500 reclusos, y en los que se constataron carencias graves que afectan tanto la dignidad humana como la salubridad dentro de estos espacios, de acuerdo con los hallazgos del informe.
El reporte detalla problemas que abarcan desde el déficit de camas y la insuficiencia en unidades sanitarias, hasta la carencia de espacios adecuados para visitas íntimas. “Solo el 20 % de las cárceles cuenta con zonas específicas para visitas íntimas, y en la mayoría los ambientes son incompatibles con la dignidad, privacidad y normas básicas de higiene”, señaló la Defensoría. Además, se detectaron deficiencias en la prestación del servicio de salud: demoras en la autorización de procedimientos médicos, falta de acceso a especialistas y desabastecimiento de medicamentos, sobre todo en prisiones como La Modelo y El Buen Pastor en Bogotá.
El documento también resalta que el 19,4 % de las audiencias judiciales de personas privadas de la libertad son aplazadas, principalmente por problemas de conectividad, escasez de equipos o ausencia de los jueces asignados. Por otro lado, solo en tres centros de reclusión fueron identificadas 231 mujeres que podrían beneficiarse con la Ley de Utilidad Pública, la cual ofrece alternativas a la reclusión carcelaria, pero cuyo acceso requiere mayor esfuerzo conjunto entre operadores judiciales, según la Defensoría.
La crisis estructural incluye la deficiente infraestructura de los Centros de Detención Temporal, pensados para estancias breves pero en la práctica convertidos en lugares de reclusión prolongada: el 82,5 % de las personas llevan allí más de 36 horas; el 15 % supera incluso un año. En dichos centros, la sobreocupación se agrava por instalaciones precarias: mala ventilación, deficiente iluminación y falta de áreas diferenciadas para dormir o alimentarse. Algunos cuentan apenas con un sanitario para 125 personas, lo que constituye una violación directa a los derechos básicos de la población detenida.
Frente a esta crisis, la Defensoría propone como urgentes la humanización de las penas, el rediseño presupuestal, la reforma del Sistema General de Participaciones y la mejora progresiva en el acceso a la alimentación, resaltando que estas acciones son necesarias para mitigar las vulneraciones persistentes y avanzar hacia el cumplimiento de los estándares constitucionales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuáles son los principales problemas en las cárceles de Colombia según la Defensoría del Pueblo?
Según la Defensoría del Pueblo, las cárceles enfrentan hacinamiento, mala infraestructura, deficiencias en la atención en salud, problemas graves de salubridad, falta de espacios para visitas íntimas y dificultades en el acceso a la justicia para las personas privadas de la libertad, lo que vulnera derechos fundamentales y afecta especialmente a mujeres.
¿Qué soluciones propone la Defensoría del Pueblo para enfrentar la crisis carcelaria en Colombia?
La Defensoría del Pueblo sugiere humanizar las penas, ajustar el presupuesto dedicado al sector, reformar el Sistema General de Participaciones y garantizar una mejor alimentación en los centros de reclusión como medidas urgentes para enfrentar la crisis del sistema penitenciario en Colombia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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