El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Bogotá deberán entregar información sobre el paradero del exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe, pues se convirtió en un misterio.
En primer lugar, la autoridad carcelaria deberá informarle a la Sala Penal de la Corte suprema si “ordenó su reclusión en alguno de los establecimientos dispuestos para ello y el sitio en el cual se encuentra actualmente privado de la libertad”, indicó LA FM.
Mientras tanto, el juzgado deberá revelar si tomó alguna decisión acerca de la reclusión de Arias, si se lo comunicó al Inpec; y si fue así, deberá enviar “copia de los respectivos soportes documentales”.
Además, según El Espectador, Arias llegó a Colombia débil de salud porque en la prisión federal de Miami padeció neumonía en varias ocasiones y se desconoce si se le esté prestando atención médica.
La petición nace de la insistencia de varios veedores para obtener esos datos que el Inpec no ha querido revelar ni siquiera ante un derecho de petición presentado por Caracol Radio por defender la privacidad de Arias, indicó ese diario.
Puntualmente, la respuesta del Inpec a la emisora fue: “La ley estableció una reserva para la información y los documentos que involucran el derecho a la intimidad de las personas cuyos datos reposan en instituciones de índole pública o privada, por tanto, la información requerida vulneraría el derecho del interno, debido a que la solicitud tendría aspectos susceptibles de no ser divulgados, los cuales no son de acceso y conocimiento”.
Los veedores mostraron su preocupación desde que se conoció que un juez ordenó que Arias fuera recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá, pero en realidad lo habrían trasladado hasta la Escuela de Caballería del Cantón Norte, con mejores condiciones de reclusión.
El Inpec también deberá detallar cuáles fueron las consideraciones que se tuvieron para llevarlo a ese lugar –aunque se ha confirmado que esté allí– desacatando una orden judicial del despacho que debe vigilar por el cumplimiento de la condena de 17 años impuesta por la Corte por las irregularidades del programa Agro Ingreso Seguro.
Cabe recordar que Arias ya había estado detenido en el Cantón Norte entre el 2011 y 2013, cuando el Tribunal Superior de Bogotá dispuso allí su detención preventiva.
Esos dos años de reclusión se le descuentan de la condena, junto con los tres años que pasó detenido en Estados Unidos; además, podría obtener beneficios en la reducción de pena por estudio o trabajo, y pagar solo seis años más de prisión.
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