Hace dos semanas el Consejo Superior de la Judicatura había tomado la decisión de dejar la investigación en manos de la Justicia Penal Militar, pero la decisión del alto tribunal deja todo en el limbo.

Este jueves, la Sala Civil de la Corte Suprema analizó una impugnación de la familia de Dilan Cruz en la que se asegura que la Fiscalía no entregó completas las pruebas que se recogieron del día en el que el joven de 19 años fue impactado por una munición conocida como ‘bean hag’ y que ha sido denunciada por organismos de derechos humanos, debido al daño que causan.

Los abogados de la víctima señalan que hay una serie de entrevistas de testigos que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura debía conocer antes de dirimir el conflicto entre las justicias militar y ordinaria. La familia pide que el caso quede en la Fiscalía porque consideran que en otro lado no tendrían garantías.

La familia alegó que se le respetara el derecho al debido proceso y pidió la nulidad de la decisión que dejó a la “jurisdicción militar la investigación por el homicidio de Dilan Cruz Medina” y remitir el expediente a la Fiscalía General “para que este organismo reasuma la investigación”.

Al analizar la petición, la Corte señaló que únicamente se estaban teniendo en cuenta “los testimonios de los agentes policiales subordinados del implicado, sin tener en cuenta las manifestaciones de cuatro personas que participaron en las protestas, testigos directos del hecho en el que resultó lesionado Dilan Cruz Medina, por el cual posteriormente falleció”, en noviembre de 2019.

Ahora, la Fiscalía recibió la orden de entregar el expediente completo al Consejo Superior de la Judicatura para que sea analizado nuevamente y a partir de allí tomar una decisión valorando todas las pruebas.

Mientras tanto, Manuel Cubillos Rodríguez, el agente del Esmad que disparó, enfrenta otra investigación con nuevas pruebas.