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La reciente decisión de la Corte Constitucional en Colombia, que invalidó varias disposiciones del Decreto Legislativo 108 de 2025, ha marcado un precedente importante en temas de gestión agraria y manejo de seguridad rural en el país. El decreto había sido promulgado bajo el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, una zona marcada por conflictos armados e históricas disputas por la tierra. Entre los objetivos de la norma estaba proteger las tierras frente al acaparamiento y salvaguardar los derechos de campesinos y excombatientes, cuestiones directamente relacionadas con la violencia rural y la injusta distribución territorial.
Según informa El Espectador, la Sala Plena de la Corte argumentó que varias de las medidas adoptadas –como la ampliación de los programas de adjudicación de tierras para excombatientes, la expropiación administrativa y la suspensión de procesos catastrales– excedían el ámbito permitido en situaciones excepcionales. La sentencia subrayó que asuntos tan complejos y estructurales como la titulación y redistribución de tierras requieren soluciones permanentes trazadas por políticas públicas a largo plazo, no resoluciones extraordinarias diseñadas para emergencias inmediatas.
Este pronunciamiento judicial destaca la necesidad de diferenciar claramente entre las respuestas urgentes a crisis de orden público y las intervenciones necesarias para abordar raíces profundas de los problemas agrarios. La realidad de Catatumbo, caracterizada por la presencia de grupos armados y múltiples intentos estatales transitorios, es reflejo de una problemática sistemática que se ha intentado enfrentar en el país y sobre la cual pesan fracasos tanto institucionales como políticos.
Señala un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que la claridad y sostenibilidad en los procesos de adjudicación de tierras, junto con sólidos mecanismos de protección legal para los campesinos, son fundamentales en contextos de posconflicto para prevenir tensiones y fortalecer la seguridad alimentaria. La experiencia colombiana, según Dejusticia y reportes académicos recientes, muestra que la implementación de acuerdos de paz y reformas rurales avanza lentamente, trabada por numerosos obstáculos históricos y contemporáneos.
Paralelamente, la Corte Constitucional decidió mantener el artículo 1 del decreto original, el cual permite proteger de forma temporal territorios rurales y ofrecer cierto resguardo a pequeños y medianos productores frente a los efectos más urgentes de la crisis de seguridad en la región. Esta acción equilibra la necesidad de tomar medidas inmediatas sin sacrificar garantías constitucionales fundamentales, dando espacio a la intervención estatal siempre que respete límites legales y constitucionales.
Expertos entrevistados por El Tiempo han resaltado que esta sentencia reafirma el papel de la Corte como garante del control sobre el poder ejecutivo durante estados de excepción, evitando abusos y asegurando el respeto por los derechos fundamentales. El dictamen separa de manera tajante las disposiciones de carácter temporal de las políticas públicas de fondo, invitando a construir una reforma agraria democrática, participativa y respetuosa del marco legal vigente.
En conclusión, esta decisión no solamente establece límites claros a la acción estatal en emergencias, sino que también sienta bases para repensar las estrategias integrales de reforma agraria y protección rural, con especial énfasis en la coordinación entre instituciones, seguimiento riguroso y la participación de las comunidades. Como señalan Dejusticia, la FAO y El Espectador, superar la histórica disputa por la tierra en Colombia exige iniciativas que trasciendan lo episódico y apunten a la justicia social y la paz sostenible.
¿Qué implica el estado de conmoción interior en Colombia?
El estado de conmoción interior es un mecanismo constitucional en Colombia que faculta al Gobierno a expedir decretos extraordinarios cuando existe grave alteración del orden público. Su utilización implica el ejercicio temporal de poderes excepcionales por parte del Ejecutivo, permitiéndole adoptar medidas que normalmente requerirían trámite legislativo ordinario. Esta figura, sin embargo, debe ceñirse estrictamente a circunstancias que amenacen gravemente la estabilidad institucional o la convivencia ciudadana, y sus decretos se someten al control de la Corte Constitucional para evitar abusos.
La reciente revisión a las medidas adoptadas en Catatumbo evidencia el cuidado que exige este tipo de facultades excepcionales. Tal y como dictaminó la Corte, su aplicación debe focalizarse en atender la urgencia sin desbordar los límites impuestos por la Constitución, evitando que se aprovechen coyunturas críticas para impulsar reformas estructurales sin el debido proceso democrático.
¿Qué significa acaparamiento de tierras?
El acaparamiento de tierras hace referencia a la apropiación, generalmente de manera irregular o desproporcionada, de grandes extensiones de tierra por parte de individuos, empresas o grupos, desplazando a comunidades locales y campesinas. En Colombia, este fenómeno ha estado históricamente vinculado a conflictos armados, desplazamiento forzado y concentración de propiedad, dificultando la equitativa distribución y uso de los recursos agrarios.
Combatir el acaparamiento es fundamental en la construcción de paz y desarrollo rural sostenible, como se evidencia en el debate actual sobre la constitucionalidad de medidas gubernamentales. Políticas públicas enfocadas en la adjudicación transparente y la protección de derechos de los campesinos resultan clave para enfrentar esta problemática, tal como recomienda la FAO y observan investigadores de Dejusticia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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