El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, declaró “de impacto nacional” el escándalo los contratos firmados por las distintas sociedades que componen a la Unión Temporal Centros Poblados, con entidades estatales.
Esto llevó al organismo de control a abrir indagaciones en 234 contratos suscritos por diferentes empresas con el estado desde 2014 a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
Según datos proporcionados por el funcionario, se cree que los más de 200 documentos representan un valor de al menos un billón de pesos; además, el vicecontralor, Julián Ruiz, aseguró a RCN Radio que se debe determinar si existió un daño al patrimonio en la ejecución de los acuerdos, y establecer, mediante un estudio sectorial, hasta qué punto han incidido las entidades públicas.
Cabe recordar que hace pocos días la Contraloría también vinculó formalmente al proceso fiscal a Emilio Tapia Aldana, uno de los mayores salpicados por el escándalo y que fue trasladado a la cárcel La Picota por decisión del Juez 35 de Control de Garantías.
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Entre otros personajes salpicados por el escándalo se encuentran Juan Carlos Ángel, Juan José Laverde Martínez, Jorge Alfonso Molina García y José Rafael Lastre; además, la entidad encontró que, entre las firmas mencionadas, Intec de la costa es la empresa con más contratos realizados, con 123, seguida por Funtic con 77, Omega Buildings con 14 e ICM Ingenieros con 9.
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