El abogado de profesión está colaborando con varios procesos que lleva el ente investigador, y por eso no considera prudente que esté en una cárcel de mediana seguridad en Barranquilla, como lo solicitó su defensa.
Ante ese escenario, el funcionario judicial pidió que Emilio Tapia no sea trasladado, y definió su sitio de reclusión en la cárcel La Picota, de Bogotá.
La Modelo, también en la capital, se descartó porque su abogado presentó ante un juez una situación de seguridad complicada por cuenta de motines y muertos en revueltas.
Sin embargo, todo depende ahora del Inpec, como lo expuso el juez en la audiencia, citado por Blu Radio:
“El despacho considera que el establecimiento sugerido por la defensa en Barranquilla no es procedente. Lo que sí es procedente es su internamiento en una cárcel de máxima seguridad, pero como este juzgado no tiene manera de acceder a la disponibilidad de cupos carcelarios, entonces el juzgado ordenará al director del Inpec para que determine el traslado, independientemente de su ubicación, en los próximos 15 días”.
La defensa había solicitado que se le permitiera estar en su casa en Barranquilla porque, argumenta, corre riesgo debido a los principios de oportunidad que ha firmado con la Fiscalía para colaborar con el ‘carrusel de la contratación’, y que en su momento le permitieron estar en una guarnición militar y con esquema de seguridad.
Otro de los pedidos del abogado de Tapia para que permaneciera en la capital del Atlántico es que tiene problemas de salud, y por eso se le adelantó un chequeo médico previo a su traslado, pues se habla que tiene tratamientos médicos y exámenes pendientes, reportó Caracol Radio.
Adicionalmente, la defensa, citada por Semana, tocó su ámbito familiar:
“Vamos a aportar los elementos materiales probatorios referidos a las circunstancias familiares, de sus [3] hijos [menores de edad] y arraigo…. Los informes del investigador dicen que el arraigo es en Barranquilla, convive con su esposa y está la copia de vigencia de arraigo”.
La revista señaló que la Fiscalía no se opone a que Tapia se quede en la costa desde que se le garanticen las condiciones de seguridad exigidas por el juez de control de garantías.
Todo ello porque Tapia también tendría contemplado colaborar con la investigación del contrato del MinTIC con la Unión Temporal Centros Poblados que embolató el anticipo de 70.000 millones por llevar Internet a 7.000 escuelas rurales del país.
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