La pavimentación de una vía que se pagó y, al parecer, nunca se hizo, tiene al congresista Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza a punto de ir a juicio. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al representante a la Cámara del Partido de La U por múltiples irregularidades que detectó en un millonario contrato que firmó el político de Norte de Santander cuando era secretario de Infraestructura de su departamento, en 2010. Según el documento, en el proceso de contratación se actuó con “clara improvisación” y se recibieron obras “totalmente diferentes” a las contratadas.
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El contrato que enreda a Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza pretendía el “mejoramiento y mantenimiento de la vía” entre los municipios de Salazar y Arboledas. El gobernador de Norte de Santander en ese entonces, William Villamizar Laguado, le había encargado el tema puntual a Carrillo, su secretario de Infraestructura, quien, según la Corte Suprema, “dirigió de manera directa, y con absoluto dominio, la fase previa de la contratación”. El contrato se pactó en $ 2.650 millones y en parte lo financió Invías, por lo que tuvo una vigilancia de la Contraloría, que halló un sinnúmero de irregularidades de las que nació la investigación.
Por ejemplo, la Sala de Instrucción de la Corte halló que a la licitación se presentó un único proponente y, pese a que otras empresas pidieron ampliar el periodo para presentar sus propuestas, se terminó adjudicando a esa única empresa. Según el escrito de acusación, Carrillo Mendoza “probablemente direccionó el proceso licitatorio” para que quedara en manos de Carlos Fernando Prada Rey. Pero las alertas no paran ahí. Desde los pliegos mismos, hasta la recepción del contrato, estarían plagadas de irregularidades.
En el contrato, ni siquiera se incluyeron las coordenadas exactas de la zona en la que se iba a hacer la obra. Algo esencial, dice la Corte, pues la carretera tiene 24 kilómetros. Los alcaldes de los municipios aledaños declararon que el entonces secretario de Infraestructura “no consultó ni tuvo en cuenta las necesidades reales de la comunidad que debían satisfacerse”. Además, ante de que comenzara la obra, dice la acusación, Carrillo Mendoza autorizó modificar el presupuesto y hacer adiciones, lo que, al parecer, abrió la puerta a que se terminara haciendo algo totalmente diferente.
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Otra posible irregularidad es que, al día siguiente de que iniciara la obra, Carrillo Mendoza firmó un acta con el que autorizaba la suspensión del contrato “debido a las fuertes lluvias que se vienen presentando”. El congresista se ha defendido de estas acusaciones asegurando que la ola invernal de 2010, una situación a su juicio imprevisible, fue lo que impidió que el contrato llegara a buen término. Pero la Corte demuestra en la acusación que el Ideam venía alertando de las lluvias en esta zona desde antes de que se abriera la licitación.
En el escrito de acusación, la Corte Suprema aseguró: “pese al conocimiento puntual y los recursos humanos técnicos y especializados con los que contaba, el procesado de manera libre y voluntaria actuó al margen de las reglas y principios axiales de la contratación estatal”. Ante todos estos hechos, el alto tribunal aseguró que el representante de La U, que ya cumple su tercer periodo en el Congreso, sería responsable del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
La Sala de Instrucción explicó sobre este último delito: “no se ejecutó la obra civil de infraestructura vial relativa a la pavimentación de la vía en las cantidades estimadas en el objeto del contrato, y en su lugar, se llevaron a cabo simples obras de arte, de lo cual se deriva un ostensible detrimento patrimonial a los recursos estatales, en beneficio del contratista”. Ahora el proceso pasa a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, donde Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, quien se ha declarado inocente, tendrá la oportunidad de defenderse.
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