El proceso penal contra la trabajadora comenzó en 2016 cuando la empresa donde trabajaba intentó validar la supuesta incapacidad médica de Salud Total, indicó El Tiempo.

La EPS empezó a buscar los datos que aparecían en el documento que la trabajadora entregó, y no encontró registros de que ella recibiera atención médica en la fecha que puso. Además, agregó el diario, el formato de la incapacidad falsa no coincidía con el que usa Salud Total, de tal manera que la mujer quedó en evidencia.

Por esa situación, la EPS interpuso una denuncia penal, que acaba de resolver una juez, determinando que sí hubo una conducta delictiva: la de falsedad en documento privado.

Aunque la abogada defensora alegó que ella no cometió ningún detrimento patrimonial ya que no se comprobó que le pagaron esos días de supuesta incapacidad, la juez condenó a la trabajadora a 16 meses de prisión, aseguró el medio.

También la inhabilitó para ejercer cargos públicos (pese a que no era funcionaria), por el mismo tiempo de su pena.La mujer, dijo el periódico, se arrepintió señalando que pensó que falsificar una incapacidad fuera tan grave.

Ella no pagará su condena en una cárcel porque es mamá cabeza de familia de un menor de edad y además no representa un peligro para la sociedad, dijo la juez —según el rotativo—, tras aceptar la solicitud de la defensa.

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No obstante, la condena se mantuvo en firme y la  mujer quedará con antecedente penal.

Cando Alicia Arango era ministra de Trabajo (en 2019) advirtió que falsificar una incapacidad médica también puede significar multas y es una justa causa para terminar un contrato laboral.