La ministra del Trabajo, Alicia Arango, advirtió en El Tiempo que las multas o sanciones para las quienes utilicen incapacidades médicas falsas o engañosas incluyen la terminación del contrato laboral por justa causa.

Además, la empresa debe informar ante la Fiscalía General de la Nación el fraude “en el reconocimiento de incapacidades temporales y abuso del derecho”, que podrían constituir el delito de peculado contra los recursos de la seguridad social y/o delito de falsedad, añadió el medio.

Solamente en el año 2016 se otorgaron 11.000 incapacidades diarias en Colombia, que suman un total de 26 millones de días, por un costo de 842.000 millones de pesos, cifra que dejó un déficit aproximado de 200.000 mil millones de pesos, pues el presupuesto era de 650.000 millones, reseñó El Tiempo.

“Eso no puede ser posible, algo está fallando. Más aún, si las estadísticas muestran que el 45 % de quienes se enferman son hombres de 20 a 29 años, principalmente lunes y viernes, y en julio y diciembre”, dijo la ministra.

“Habría negocios de venta de incapacidades por sumas que ascienden a los 300.000 pesos”, añadió.

Además, el medio mencionó que, entre enero y noviembre del 2018, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) giró 720.000 millones de pesos a las EPS para atender este tipo de situaciones y, entre el 2009 y el 2017, se registraron 2,6 millones de incapacidades.

Sumado a ello, CM& reportó que el Gobierno está diseñando un plan para combatir esta problemática que afecta la productividad empresarial en el país, según la ministra.

“Con el Ministerio de Salud estamos sacando la suma real de lo que le cuesta a la empresa colombiana porque no es solamente un tema de recursos, también hay que medir la productividad”, dijo Arango.