El alto tribunal se pronunció sobre el asesinato hace 10 años de Heriberto Grueso Estupiñán, un niño de tan solo 11 años que fue engañado por las antiguas Farc para que llevara un paquete a la estación de Policía del municipio de El Charco (Nariño). Cuando el menor llegó al lugar, los guerrilleros accionaron la bomba que estaba dentro de su maleta.
En el fallo del Consejo de Estado, conocido en exclusiva por el diario El Espectador, se probó que las autoridades no tomaron acciones preventivas para que el atentado no se hubiera llevado a cabo, a pesar de que reconocieron en su momento que tenían indicios de que podría suceder.
El Tribunal Administrativo de Nariño había declarado en primera instancia que la Nación era responsable por daño especial, concepto que fue secundado por el alto tribunal, que consideró que el Ministerio de Defensa y la Policía tienen responsabilidad en los hechos, agregó el periódico.
“Habida cuenta de que el daño, pese a que se causó por un tercero, lo cierto es que ocurrió dentro de la ya larga confrontación que el Estado ha venido sosteniendo con grupos al margen de la ley, óptica bajo la cual no resulta constitucionalmente aceptable que el Estado deje abandonadas a las víctimas”, sostiene la Corte en su fallo.
El Estado colombiano deberá indemnizar a las familias de las víctimas. Sin embargo, El Espectador conoció que los familiares del Heriberto Grueso llevarán su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque creen que el fallo no se basa en los parámetros internacionales de reparación.
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