Según la Defensoría del Pueblo, citada por diferentes organizaciones sociales independientes, hay más de dos millones de estudiantes de los departamentos de Córdoba, Bolívar, Antioquia, Sucre, Chocó y Magdalena que “corren peligro por las acciones violentas que están ocurriendo en sus territorios, razón por la cual sus colegios han sido cerrados”.
Un ejemplo de eso ocurrió en la Institución Educativa 24 de Mayo del municipio de Cereté, en Córdoba, donde los estudiantes estuvieron en riesgo por disparos, amenazas con armas e intimidación por actores armados. (Vea también: “Es muy fácil ser bravo desde la Casa de Nariño”: alcalde, a Iván Duque por paro armado).
Cuatro plataformas que agrupan a más de 200 organizaciones sociales pidieron a las autoridades proteger a los más de dos millones de estudiantes de esos seis departamentos que están en peligro por las acciones del paro armado del ‘Clan del Golfo’, la principal banda criminal del país.
“Las autoridades respectivas deben tomar medidas inmediatas para proteger a niñas, niños y adolescentes de estos departamentos que están viendo afectados sus derechos a la integridad personal y a la educación. Los actores armados, por su parte, deben dejar fuera del conflicto a la niñez, que es víctima permanente de sus ataques”, señalaron las plataformas en un comunicado.
El documento fue firmado por la Alianza por la Niñez Colombiana, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), Niñez Ya y Movilizatorio.
El paro armado del ‘Clan del Golfo’, que comenzó el jueves pasado e irá hasta el martes, se realiza en represalia por la extradición a Estados Unidos de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, el miércoles pasado.
Ese grupo ha restringido el comercio, el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas, amenazando con ataques a quienes transiten por las vías, incluso si van en caravanas escoltadas por el Ejército, en varios departamentos de Colombia, donde decenas de miles de personas viven días de zozobra.
Es por ello que las plataformas piden a las autoridades “medidas inmediatas para proteger a niñas, niños y adolescentes de estos departamentos que están viendo afectados sus derechos a la integridad personal y a la educación”.
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