El principal delito por el que podrían pagar los civiles que fueron captados con armas en protestas de Cali —uno expuesto en redes sociales— sería usurpación de funciones públicas, dijo el fiscal Francisco Barbosa en Noticias Caracol; no obstante, por la creación de temor en la sociedad, también serían señalados de terrorismo.
“Así se lo hicimos y se lo imputamos a dos menores, quienes fueron capturados y a quienes se les imputó terrorismo y un juez de control de garantías aceptó la imputación. ¿Por qué? Porque es que no se puede aceptar en Colombia que haya civiles que les disparen a otros en una manifestación”, dijo el funcionario.
Los policías que no actuaron frente a la situación, agregó Barbosa, serían acusados de prevaricato por omisión y no solo deberían responder en la Justicia Penal Militar, sino que también ante la ordinaria.
Por el caso de Cali, ya hubo una llamado a interrogatorio para Andrés Escobar —empresario que ha trabajado con varios ‘influencers’— que quedó en imágenes con un arma, dijo él, traumática, en medio de una protesta.
La Fiscalía está en el proceso de identificar los otros ciudadanos que salieron a intimidar a manifestantes que supuestamente querían quemar un CAI de Ciudad Jardín, en la capital del Valle del Cauca.
Esos civiles, además, incurrieron en paramilitarismo, de acuerdo con las declaraciones del fiscal general en el noticiero.
“Ni creyendo que yo salgo con un arma acompañando a una persona, ese acompañamiento a la Fuerza Pública es un delito. Y la Fuerza Pública que acompaña a un civil armado está cometiendo un delito. Es paramilitarismo”, agregó.
Finalmente, Barbosa señaló en el informativo que se ha constatado 21 fallecimientos en las protestas del paro nacional, por el que se siguen convocando manifestaciones; tres de los asesinatos, aseguró, fueron cometidos por miembros de la Fuerza Pública y uno por manifestantes: el del capitán atacado en Soacha.
Los otros casos siguen en investigación.
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