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El cierre de Casa Mía, también llamada la Casa de la Mujer, en Pueblo Bello, Cesar, implica la desaparición de un espacio esencial para la protección de mujeres, niñas y adolescentes indígenas víctimas de violencia sexual e intrafamiliar en la Sierra Nevada de Santa Marta. Más que un simple refugio, este lugar operaba como un punto de atención transitoria desde hacía casi dos años, brindando ayuda a quienes no podían regresar inmediatamente a sus hogares por razones de seguridad. En Casa Mía, las víctimas encontraban apoyo de tutoras indígenas, acceso a intérpretes y a servicios de acompañamiento que habilitaban rutas de protección, salud y justicia; además, aprendían oficios que les permitían buscar la independencia económica, facilitando así su salida de situaciones de violencia y dependencia.
Digneri Izquierdo, cabilda de la Casa de Gobierno Ati Kwakumuke y defensora de los derechos de las mujeres arhuacas, explicó que la iniciativa nació de mujeres que habían experimentado diversas violencias y que buscaban compensar la falta histórica de atención oportuna y culturalmente adecuada. Para Izquierdo, el cierre representa "retroceder" y volver a una realidad donde las mujeres indígenas no son escuchadas ni atendidas de manera adecuada.
El servicio que ofrecía Casa Mía era relevante principalmente para mujeres y niñas arhuacas, aunque también atendía a víctimas de los pueblos kankuamo y wiwa. Este tipo de atención intercultural fue fundamental para quienes no hablan español o residen en zonas aisladas, dificultando su acceso a entidades estatales ubicadas en Valledupar u otras ciudades. Según la cabilda, en Casa Mía encontraban traductoras y tutoras de su comunidad, lo que permitía un acompañamiento acorde con su contexto.
La Casa no reemplazaba a las instituciones estatales, sino que facilitaba el acceso a estas, permitiendo que las víctimas mantuvieran sus lazos culturales y familiares. El modelo seguía la ruta de atención y restitución de derechos creada junto al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), que recomienda el acompañamiento de intérpretes o psicólogas interculturales durante la atención médica o legal.
Entre las funciones más sensibles de la Casa estaba el cuidado temporal de menores de edad que no podían regresar a casa por estar en riesgo. Izquierdo aclaró que, al anunciarse el cierre, había 17 niñas en esta situación; algunas fueron remitidas a hogares Zaku (familias de acogida temporal) o quedaron al cuidado de madres voluntarias, pero no todas tenían condiciones adecuadas para regresar a sus hogares.
La cercanía y el acompañamiento cultural ofrecidos por Casa Mía también facilitaban la labor judicial, permitiendo a las víctimas participar en investigaciones y valoraciones necesarias. La ruta, según la cartilla Ati Kwakumuke, prevé comisiones que se pueden desplazar para identificar y asistir a las víctimas, y mecanismos para denunciar a agresores no indígenas ante la Fiscalía General y la Personería.
El cierre se produjo por la falta de apoyo económico por parte de la administración local y otras entidades, dejando a las víctimas sin un espacio seguro y generando preocupación por el posible aumento de la violencia de género y la vulnerabilidad de la comunidad.
¿Cuáles fueron las funciones principales de Casa Mía, la Casa de la Mujer en Pueblo Bello?
Casa Mía atendía a mujeres, niñas y adolescentes indígenas víctimas de violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta. Además de ofrecer refugio temporal, brindaba apoyo sicosocial, intérpretes, tutoras indígenas y orientación para activar rutas de protección, salud y acceso a la justicia. Complementaba la acción institucional para garantizar atención culturalmente pertinente y acompañamiento en procesos judiciales.
¿Por qué es importante la atención intercultural para las víctimas indígenas de violencia sexual?
La atención intercultural es relevante porque muchas víctimas no hablan español y viven en territorios apartados, lo que dificulta su acceso a la institucionalidad estatal. Contar con intérpretes, tutoras y acompañamiento dentro de su contexto comunitario facilita la denuncia, el acceso a servicios de salud y la protección de sus derechos, según la experiencia de Casa Mía y la ruta Ati Kwakumuke.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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