La oposición al presidente Gustavo Petro, por ahora, no ha sido muy visible. Bien sea porque está concentrada en un solo partido (Centro Democrático – CD), porque en general hay un amplio respaldo al Ejecutivo en el Congreso, o simplemente porque en menos de un mes de administración es poco probable tener elementos para hacer una oposición sólida, pero hasta el momento el antagonismo al Gobierno ha sido dócil.

Para revertir esta situación, desde el CD se han empezado a mover con la búsqueda de alternativas para empantanar el trámite exprés que se prevé a la reforma tributaria, y con dos debates de control político a los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y de Minas, Irene Vélez.

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La suspensión de los bombardeos a los campamentos de grupos armados ilegales, en especial en los que haya certeza que se encuentran menores de edad, fue la gran motivación del uribismo para citar al ministro Velásquez, a quien señalaron de “convertir los menores en carne de cañón” con esta decisión.

“La prioridad debe ser proteger a los menores, pero es irresponsable lo que usted hace y pone en riesgo las operaciones estratégicas de seguridad y protección de todos los colombianos”, dijo el senador Miguel Uribe tras el anuncio.

Además de eso, el anuncio que hizo Petro durante el encuentro bilateral con el presidente de España, Pedro Sánchez, sobre el tema de extradición, no cayó bien entre la oposición.

El mandatario habló en esa reunión sobre un nuevo enfoque frente a la extradición, en sintonía con la política antidrogas de este gobierno.

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“Les propusimos que narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado, narcotraficante que negocie y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en Estados Unidos y narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita”, propuso el mandatario.

Esas dos razones, además del anuncio de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, de no avalar nuevos contratos de exploración de gas, fueron muy criticados por la oposición teniendo en cuenta que en el país no hay reservas de gas mayores a 10 años.

Después de ese tiempo habría que recurrir al gas importado desde Venezuela, lo que según a oposición haría perder soberanía energética. Ese y otros cuestionamientos son los que le hará el Centro Democrático a Vélez, debido a una proposición liderada por el representante Juan Espinal, que suscribieron varios congresistas incluso de la bancada oficialista.

Además de Vélez, la proposición plantea que al debate asista también el directores de la Agencia Nacional Hidrocarburos y sean invitados los responsables de la gestión de hidrocarburos en el país. “¿El gas es malo acá, pero el de Venezuela es bueno?”, cuestionó Espinal, quien señaló que esa discusión técnica se debe dar durante el debate, que aún no ha sido agendado.

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El debate de control sobre los temas de seguridad y extradición está un poco más en construcción. Desde el CD apenas se mencionó la citación a Velásquez, quien responderá únicamente sobre la suspensión de los bombardeos, que han calificado incluso como un beneplácito con las actividades criminales de estos grupos. El representante Andrés Forero se refirió a la decisión como “un tiro en el pie”, y un aliciente para los grupos al margen de la ley.

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“Con esto nuestra fuerza pública pierde capacidad operativa y los grupos armados se oxigenan. Adicionalmente, constituye un incentivo para que estos grupos sigan reclutando a menores de edad, porque los van a utilizar como escudos humanos”, dijo el congresista, con quien coincidió la senadora Paloma Valencia al afirmar ante los micrófonos de W Radio que “la novedad del Gobierno es cuidar el narcotráfico y la criminalidad, no hay un solo anuncio para los colombianos de a pie”.