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Histórico. Así fue esta semana el fallo de un tribunal federal de Estados Unidos que declaró responsable a la empresa bananera Chiquita Brands International de financiar a los paramilitares. Tendrá que pagar US$ 38,3 millones a las familias de ocho víctimas. Sin, embargo, en Colombia el panorama es totalmente diferente.
En entrevista con Colprensa el abogado Sebastián Escobar del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien representa a varias víctimas en el proceso que se sigue en Colombia contra varios exdirectivos de esa multinacional, cuestiona el poco avance que la Fiscalía ha tenido en este caso y que sea primero un Tribunal extranjero el que se pronuncie sobre un hecho tan clave para el país.
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Chiquita Brands, antes United Fruit Company, fue declarada responsable en Estados Unidos de financiar el paramilitarismo en Colombia. Para ustedes como víctimas ¿Cuál es el significado de esa decisión?
Es una decisión histórica que una Corte declare la responsabilidad de una empresa multinacional por esos hechos, que también constituyen una clara violación a los Derechos Humanos. Si bien ocurre por fuera del país y es parte de un proceso civil y no penal, deja un mensaje muy potente en torno a la responsabilidad de las empresas con el paramilitarismo y esperamos que ojalá tenga efectos en el futuro.
¿Qué relación tiene con las investigaciones que hay en Colombia contra esa multinacional?
Tienen origen en los mismos hechos, es decir, en la financiación de la empresa a grupos paramilitares entre 1997 y 2004. A diferencia de lo que se investiga en Colombia, donde se indaga solamente esa financiación, en Estados Unidos, el proceso aborda la responsabilidad de la empresa en temas específicos a víctimas concretas.
En Colombia, por su parte, la justicia se ha concentrado únicamente en la investigación de la financiación, bajo el delito de concierto para delinquir, pero no ha profundizado en la atribución de responsabilidad de los hechos cometidos por paramilitares en el marco de esa financiación.
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¿Quiénes son investigados por esa financiación?
Hay una investigación que se encuentra en la etapa de juicio ante los jueces especializados de Antioquia en contra de 11 directivos tanto de la multinacional Chiquita Brands como de algunas de sus filiales en Colombia*.
¿Cuál es el avance de ese caso? ¿Se han enfrentado a muchas trabas?
Es un proceso cuya investigación inició desde 2007, cuando se presenta una denuncia en contra de la multinacional por estas financiaciones. En 2012 hay una preclusión de una Fiscalía de Derechos Humanos de Medellín que es posteriormente revocada por la Vicefiscalía y desde ese momento se ha desarrollado una investigación en donde se han analizado múltiples pruebas.
Hoy en día, casi cinco años de que la acusación quedó en firme, no ha culminado el juicio, en parte porque la defensa ha pedido un número bastante alto de testimonios, a pesar de que muchos ya se habían declarado en la fase previa. Es para nosotros una situación desproporcionada que en el juicio se pretenda practicar este número tan alto de testimonios.
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¿De cuántos estamos hablando?
Más de 50 testigos pedidos por la defensa para la fase de juicio. En este proceso se investigan a 11 personas y estamos hablando de cinco defensores, quienes cada uno hizo una solicitud de pruebas.
Aunque estos hechos fueron declarados como de lesa humanidad. ¿Existe algún riesgo de que puedan prescribir?
En efecto. Si bien el crimen está declarado como de lesa humanidad, lo que tiene unas consecuencias de imprescriptibilidad, esto es para que la Fiscalía pueda realizar una investigación. Es decir, en cualquier momento la Fiscalía puede seguir profundizando en las investigaciones de los crímenes que son declarados como de lesa humanidad.
Sin embargo, una vez una persona es vinculada a un proceso, a esta no se le puede mantener subjudice bajo un proceso sin términos.
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¿Qué tan cercano es ese riesgo?
Estimamos que se puede dar ese fenómeno en septiembre del año próximo. Al día hoy faltan cerca de la mitad de los testigos. Sí, hay un riesgo de prescripción.
Durante años se ha conocido que Chiquita Brands no es la única multinacional bananera que financió el paramilitarismo ¿Cómo avanzan los demás procesos en la justicia?
En Colombia evidentemente tenemos un fenómeno de vínculos entre ciertos sectores empresariales y los grupos paramilitares o actores armados en el marco de la violencia política y el conflicto. La región de Urabá da cuenta de ese fenómeno, no solo de la multinacional, sino de muchas fincas bananeras que hacían parte del gremio.
Yo entiendo que hay varias investigaciones en Antioquia relacionadas con eso, pero desconozco la fase en la que están. Pero esperamos, en todo caso, que tanto para esta investigación como para las otras, esta decisión de una Corte en Estados Unidos sirva como estimulo para que las investigaciones a nivel local avancen. Resulta paradójico y al mismo tiempo inconcebible que un juez que no es del país donde ocurrieron los hechos, que llegó al conocimiento de los hechos mucho después que en Colombia, tome una decisión primero.
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Los directivos que se encuentran en etapa de juicio son Charles Dennis, gerente de C.I. Banadex desde 1990 a 2000; Reinaldo Elías Escobar, integrante de su junta directiva desde 1995 a 1998; Víctor Julio Buitrago, jefe de seguridad de Banadex S.A; John Paul Olivo, contralor de Banadex desde 1996 a 2001; y Fuad Alberto Giacoman.
También están José Luis Valverde, gerente general de C.I. Banadex entre 2000 y 2002; Álvaro Acevedo González, quien tuvo ese mismo cargo, pero en Banadex S.A; Víctor Manuel Henríquez, presidente ejecutivo de C.I. Banacol S.A; Jorge Alberto Cadavid, vicepresidente financiero de C.I. Banacol S.A; y Javier Ochoa Velásquez, gerente de producción de C.I. Banacol S.A..
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