La Cancillería colombiana evidenció vacíos en el nuevo modelo de expedición de pasaportes, vigente desde el primero de abril, en medio de una acción popular que cuestiona el convenio entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.
La controversia se sustenta en la respuesta oficial a un derecho de petición, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores revela falta de claridad en aspectos clave del proceso, detalla Semana al respecto.
Uno de los principales puntos críticos es la ausencia de un esquema definido y documentado sobre la cadena de custodia de las libretas, es decir, los protocolos de seguridad desde su fabricación hasta su entrega al ciudadano, añadió ese medio.
La Cancillería señaló que esta responsabilidad recae en la Imprenta Nacional, entidad que actúa de manera autónoma, aunque el convenio no detalla cómo se garantizará ese control ni con qué recursos.
Asimismo, el Gobierno reconoció que no se puede determinar qué proporción del presupuesto total, estimado en 1,3 billones de pesos, será ejecutado por proveedores extranjeros, debido a que aún no se conoce la demanda real de pasaportes.
Pese a las dudas, la Cancillería aseguró que los datos personales de los ciudadanos están protegidos y bajo control exclusivo del Estado. Sin embargo, crecen las inquietudes sobre la solidez, seguridad y transparencia del nuevo modelo.
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