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La denuncia es de Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, quien afirmó que las acciones violentas de los grupos armados desencadenaron un aumento de homicidios, extorsiones, amenazas y restricciones a la movilidad, así como el control sobre la minería ilegal y la utilización de menores para cometer delitos.
“Las comunidades de siete municipios del sur de Bolívar están corriendo un riesgo que catalogamos como alto debido a hechos violentos de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) y de la guerrilla del ELN”.
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La Alerta Temprana 003 del 2024, recién emitida para Achí, Altos de Rosario, Barranco de Loba, El Peñón, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba y Tiquisio, confirmó el riesgo para las comunidades de estos pueblos.
La Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades la adopción de medidas inmediatas para proteger a la población civil y evitar que se vea afectada por las imposiciones y acciones violentas de estos grupos ilegales.
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Las exigencias extorsivas de estas estructuras armadas varían según los municipios, contratos y otros factores como ingresos o posesiones. Pueden ir desde el 10% del salario o contrato (para contratistas) hasta pagos específicos, como $50.000 por cabeza de ganado que deben pagar los ganaderos o impuestos sobre bebidas alcohólicas, como $2.500 pesos por canasta de cerveza vendida en los establecimientos comerciales.
La persistencia de estas “vacunas” obligó a una empresa de suministro de gas a cortar el servicio durante un día, según el Ministerio Público.
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“Teniendo en cuenta nuestra preocupación por el respeto a los derechos humanos de la población del sur de Bolívar, hemos recomendado la implementación de medidas inmediatas en prevención y protección para que sea contrarrestado el accionar de los grupos armados ilegales y, a la vez, puestos en funcionamiento programas que incrementen o mejoren el capital social y humano de las familias en esa región del norte del país”, concluyó Camargo.
Además del Eln y el Clan del Golfo, en la región también está presente el frente 4 del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), que entra en la pugna por el control de rutas de narcotráfico y la minería ilegal de oro.
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