Un aparente trámite cotidiano dentro de un taxi se convirtió en una pesadilla para al menos 35 pasajeros en Bogotá. Todos los afectados coincidieron en un mismo patrón de fraude que operaba en segundos: un pago con tarjeta que parecía no funcionar, la insistencia del conductor para repetir la transacción y, finalmente, la devolución del plástico al pasajero sin levantar sospechas.
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Solo después, al revisar sus cuentas bancarias, las víctimas se daban cuenta de que habían sido estafadas.
Según la Fiscalía General de la Nación, detrás de este ‘modus operandi’ se encontraba Juan Carlos Naranjo Becerra, un taxista que ofrecía el datáfono como una supuesta facilidad de pago, pero cuyo verdadero objetivo era confundir a los usuarios mediante un ‘cambiazo’.
Este método consiste en sustituir la tarjeta auténtica por una réplica inservible mientras el pasajero está distraído, aprovechando un aparente retraso técnico en la transacción.
Con la tarjeta original y los datos personales del propietario, incluyendo la clave, el sospechoso presuntamente hacia retiros y transferencias ilegales, apropiándose de más de 379 millones de pesos.
El fraude se replicó en por lo menos 35 casos registrados en distintas zonas de Bogotá. Las denuncias de las víctimas, quienes narraron procedimientos casi idénticos, fueron la base para que las autoridades detectaran un patrón de conducta y avanzaran en la investigación.
Debido a este rastreo, la policía logró identificar y ubicar al conductor implicado en Suba, localidad del noroccidente de la ciudad.
La captura se llevó a cabo durante una diligencia de registro y allanamiento, en la que se incautaron dos datáfonos, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y 34 tarjetas de débito y crédito.
Además, en poder de Naranjo Becerra se encontraron dos credenciales adicionales pertenecientes a otras personas, lo que reforzó la sospecha de su involucramiento en múltiples fraudes.
Luego de su detención, la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá lo judicializó e imputó los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales.
El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías determinó su medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial.
El caso ahora se centra en consolidar las pruebas y determinar si existen más víctimas que aún no han denunciado el esquema.
Para los pasajeros afectados, un acto cotidiano como pagar un viaje en taxi se transformó en un proceso que derivó en pérdidas económicas y una sensación de vulnerabilidad frente a la tecnología y la confianza en terceros.
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