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Las autoridades de Bogotá capturaron y enviaron a la cárcel a un hombre señalado de abusar de su hijastra, una niña de tan solo 12 años de edad. Además, la Fiscalía señaló cómo este sujeto, al parecer, cometía este tipo de vejámenes con la menor de edad.
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El ente investigador indicó que, “de acuerdo con las actividades investigativas adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), los hechos habrían ocurrido desde noviembre de 2025, periodo en el cual el procesado, al parecer, aprovechaba los momentos en los que la menor de edad quedaba bajo su cuidado para obligarla a observar videos y abusarla”.
La Fiscalía también reveló que el señalado abusador, presuntamente, le enviaba mensajes intimidantes a su víctima para que ella no le contara a la mamá los abusos a los que él la estaría sometiendo.
“En ese sentido, un fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, cargo que no fue aceptado por el investigado. La captura del hombre fue materializada por el CTI en una vía pública de la localidad de Kennedy en Bogotá, en cumplimiento de una orden judicial”, informó el ente investigador.
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¿Cómo denunciar maltrato infantil y abuso?
En Colombia, la denuncia de maltrato infantil y abuso es un deber legal y un acto fundamental para proteger a los menores. Cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de estos hechos puede reportarlos, incluso sin pruebas concluyentes, ya que las autoridades están obligadas a investigar.
El proceso puede iniciarse a través de varias entidades. La línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) funciona las 24 horas y permite recibir orientación y registrar denuncias de manera inmediata. También es posible acudir a la Policía Nacional, especialmente a los grupos de infancia y adolescencia, o a la Fiscalía General de la Nación para formalizar la denuncia. En casos urgentes, se recomienda llamar al 123.
Además, la denuncia puede presentarse en comisarías de familia, personerías municipales o defensorías del pueblo. Estas instituciones tienen la responsabilidad de activar rutas de protección que garantizan la seguridad del menor, como el traslado a un entorno seguro o la atención psicosocial.
Es importante que quien denuncia proporcione la mayor cantidad de información posible: datos del menor, del presunto agresor, descripción de los hechos y cualquier evidencia disponible. Sin embargo, la falta de detalles no debe impedir la denuncia.
La ley colombiana protege la identidad del denunciante y prohíbe represalias. Asimismo, establece que profesionales como docentes, médicos y trabajadores sociales tienen la obligación de reportar estos casos.
Finalmente, el proceso busca no solo sancionar al agresor, sino garantizar la restitución de derechos del menor, mediante atención integral en salud, apoyo psicológico y acompañamiento institucional continuo.
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