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La Contraloría de Bogotá inició una indagación preliminar para esclarecer el uso del complejo Campo Verde en la localidad de Bosa. A pesar de haber concluido y pagado la infraestructura, varios de sus espacios y equipamientos permanecen sin utilizarse, acumulando polvo y sin brindar los servicios contemplados desde su concepción. De acuerdo con la información de El Espectador, el complejo representó una inversión de 74.216 millones de pesos colombianos e integra una Casa de Justicia, una Unidad de Reacción Inmediata (URI), un Centro de Atención Especializada (CAE), un CAI y un salón múltiple.
La entidad de control pretende determinar qué áreas no están en operación, los motivos para esta situación, desde cuándo ocurre, cuál es el estado actual y cuántos recursos fueron destinados a la edificación, desarrollo y sostenimiento de dichos espacios. Con este análisis pretenden identificar la existencia de infraestructura pagada que no cumpla su función, lo que abriría la puerta para analizar si se presentó un daño al patrimonio público. Sin embargo, subrayan que la simple apertura de la indagación no confirma la existencia del daño ni señala responsables en esta etapa.
El proyecto fue ejecutado tras un contrato interadministrativo suscrito en 2018 entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter). Los problemas de Campo Verde no son inéditos: auditorías desde 2022 hasta 2024 ya habían marcado fallas en la planeación, contratación y, especialmente, la inutilización de varios ambientes. Pasados ocho años de la firma del contrato, el complejo sigue sin utilizarse plenamente, lo que mantiene bajo vigilancia la manera en que se gestionan los recursos públicos de la ciudad. Por ahora, la Contraloría no especificó con claridad cuáles son los puntos exactos todavía fuera de servicio o desde cuándo ocurre esto, aspectos claves para entender la magnitud de la problemática.
Además, la revisión de la Contraloría también alcanzó la segunda fase del Centro Especial de Reclusión (CER), concebido como una infraestructura clave para aumentar la capacidad de detención en Bogotá, que ha implicado una inversión que supera los 21.586 millones de pesos. Al 31 de agosto de 2026, solo presentaba un avance del 88,2 %, inferior al 96 % planteado en el cronograma original. El informe expone inconvenientes en estudios, diseños, ampliaciones de plazo y adiciones presupuestales; todos sometidos ahora a fiscalización para establecer posibles impactos económicos. La fecha exacta de entrega final no ha sido comunicada.
El sistema de videovigilancia municipal, administrado por el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), también fue objeto de análisis. Según datos de la Secretaría de Seguridad verificados por la Contraloría, de las 5.294 cámaras operativas de la ciudad, 1.114 no se encuentran en funcionamiento, lo que representa aproximadamente el 21 % del total revisado. El ente de control está evaluando las causas, tiempos de reparación y esfuerzos para reponer los equipos. En conjunto, estos hallazgos exponen obstáculos persistentes en la gestión de proyectos y el uso efectivo de inversiones para la seguridad y justicia, generando inquietudes sobre el acompañamiento y la vigilancia institucional.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Por qué varias instalaciones del complejo Campo Verde en Bosa permanecen sin uso?
De acuerdo con la Contraloría de Bogotá, aunque el complejo Campo Verde fue terminado y pagado, varias de sus áreas no están siendo empleadas para los servicios previstos. Los motivos exactos y la identificación de los ambientes afectados aún están bajo estudio en la indagación preliminar. Entre las posibles razones destacadas están deficiencias de planeación y problemas en la gestión contractual, lo que ha derivado en infraestructuras sin uso durante varios años.
¿Qué significa CAE en el contexto del complejo Campo Verde?
En el complejo Campo Verde, CAE corresponde a Centro de Atención Especializada, que forma parte de los espacios de justicia y atención que deberían operar en el lugar. Su razón de ser se centra en brindar servicios especializados dentro del sistema judicial y de seguridad distrital.
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