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El atentado ocurrido el sábado 11 de octubre de 2025 contra el hospital Niña María en Caloto, Cauca, ha puesto nuevamente en el centro del debate la alarmante vulnerabilidad de la misión médica en Colombia, especialmente en regiones golpeadas por el conflicto armado. El ataque, atribuido a hostigamientos de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) bajo el liderazgo de Iván Mordisco, no solo causó daños materiales, sino que sembró temor entre pacientes y personal médico, empeorando el clima de inseguridad en el que deben trabajar los equipos de salud, según fuentes oficiales citadas por la Defensoría del Pueblo.
La gravedad de estas acciones criminales queda reflejada en las estadísticas. Durante el año 2025, la Defensoría del Pueblo reportó más de 325 incidentes en los que se vulneró el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el derecho fundamental a la salud, lo que constituye un incremento del 56,2% respecto al año anterior. Estos hechos violentos van desde explosiones y amenazas hasta restricciones de movilidad y retenciones ilegales del personal médico, situaciones que afectan especialmente a comunidades rurales donde la oferta institucional de salud es limitada.
El rechazo al atentado ha sido contundente tanto a nivel internacional como nacional. La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó estos hechos y recalcó la obligación de los grupos armados no estatales de respetar el DIH y proteger la misión médica. A su vez, la Defensoría del Pueblo instó a que se garantice la protección integral de los trabajadores sanitarios y que se respeten estándares humanitarios, incluso en escenarios de confrontación violenta.
Las consecuencias trascienden lo estadístico y afectan de manera directa a la prestación de servicios de salud. Carolina Camargo, secretaria de Salud del Cauca, advirtió que la inseguridad ha generado deserción significativa del personal médico. Los servicios muchas veces se trasladan a lugares improvisados como polideportivos, ya que la infraestructura hospitalaria no es segura para trabajar ni para recibir atención, situación que ilustra de manera concreta la crisis que se vive.
Este fenómeno refleja problemas más amplios, tal como documentan organizaciones como Médicos Sin Fronteras y el Comité Internacional de la Cruz Roja: en zonas de conflicto, el acceso a la salud está mediado por la violencia, lo que incrementa el riesgo y limita las jornadas de atención. Pese a iniciativas estatales, como la Operación Perseo para recuperar territorios y proyectos como la construcción de un nuevo hospital en El Plateado, el progreso es lento. Con solo el 40% del hospital completado tras un año, obstáculos como conflictos de interés y parálisis administrativas perpetúan la precariedad del sistema de salud regional.
Los ataques contra la misión médica en Colombia tienen una larga historia dentro del conflicto armado, en el que grupos armados han instrumentalizado la infraestructura de salud, perjudicando directamente el bienestar de la población. El respeto de los mandatos del DIH y los Convenios de Ginebra —que prohíben expresamente ataques a misiones sanitarias— es todavía una deuda pendiente donde la ausencia estatal y la fragmentación de actores armados impiden su cumplimiento efectivo.
En suma, el atentado al hospital Niña María revela un desafío persistente y estructural: la imposibilidad de garantizar el acceso al derecho a la salud en contextos de inseguridad y violencia, reforzando la necesidad de respuestas integrales y sostenidas que protejan tanto a los trabajadores como a la infraestructura médica, de acuerdo con informes de la Defensoría del Pueblo, la ONU y organizaciones humanitarias.
¿Cuál es la función de la misión médica en zonas de conflicto? La misión médica tiene un papel esencial en la prestación de servicios de salud a comunidades vulnerables que, por razones de conflicto armado, enfrentan el riesgo de quedar sin atención básica. Además de proveer consultas, tratamientos y atención de emergencias, la misión médica constituye uno de los pocos vínculos constantes con el Estado colombiano en lugares periféricos. La garantía de su protección está regulada por el Derecho Internacional Humanitario, como lo mencionan los reportes de la Defensoría del Pueblo y la ONU, ya que sus labores tienen un impacto directo en la supervivencia y el bienestar de la población civil en medio de la violencia.
En los últimos años, la importancia de la misión médica ha sido reiterada tanto por el Comité Internacional de la Cruz Roja como por organizaciones como Médicos Sin Fronteras. Su función no solo abarca el socorro inmediato, sino que es clave para fortalecer la resiliencia social a largo plazo en escenarios donde el Estado carece de presencia efectiva. Cualquier ataque o restricción contra sus actividades agrava la crisis humanitaria y dificulta la recuperación comunitaria postconflicto.
¿Qué contempla el Derecho Internacional Humanitario en cuanto a la protección de hospitales? El Derecho Internacional Humanitario (DIH) contiene normas establecidas por los Convenios de Ginebra que prohíben ataques contra hospitales, ambulancias, personal médico y pacientes en contextos de conflicto armado. Estas disposiciones, citadas por la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja, buscan asegurar que las instalaciones sanitarias sean respetadas como espacios neutrales, libres de violencia y disponibles para todos los civiles, sin discriminación.
La relevancia de estas protecciones es central en contextos como Colombia, donde la fragmentación de actores armados y la debilidad del Estado impiden muchas veces su cumplimiento real. De ahí que el llamado internacional, nacional y local a la protección de la infraestructura y el personal sanitario sea reiterado, como lo enfatizan los pronunciamientos recientes tras el atentado al hospital Niña María. En la práctica, hacer efectivos estos derechos requiere la voluntad y el compromiso de todos los actores involucrados en el conflicto.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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