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El reciente ataque en las inmediaciones de la Universidad del Valle, que incluyó el incendio de dos tractomulas pertenecientes a Fedetrans Carga y una motocicleta oficial de la Secretaría de Movilidad, ha sacudido la percepción de seguridad en la ciudad de Cali. La manera en que se perpetró la agresión evidencia un elevado nivel de violencia y organización. Alejandro Quiroga, presidente nacional de la Asamblea de Transporte, calificó el hecho como "terrorismo urbano" y resaltó la gravedad del impacto sobre el gremio de transportadores, quienes desempeñan un papel esencial en la estabilidad económica regional y nacional, así como sobre la comunidad académica y la ciudadanía en general, según reportes de 90 Minutos.
Los incidentes ocurrieron durante la tarde del 18 de septiembre, momento en el cual un grupo de encapuchados prendió fuego a los vehículos y, en un acto de incautación y posterior destrucción, robó y quemó una motocicleta utilizada para la regulación y control del tránsito. El General Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, mencionó que los hechos fueron planificados de forma deliberada para aprovechar la presencia de agentes locales y desestabilizar el entorno público. Esto revela la complejidad y preparación detrás de los modos de operar de estos grupos delictivos, que parecen estar ajustando sus estrategias a escenarios de mayor visibilidad y vulnerabilidad institucional.
El fenómeno no es aislado. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Cali, durante el último año se registró un aumento del 15% en los ataques dirigidos a vehículos de carga, evidencia de una tendencia preocupante que afecta la cadena logística, el desarrollo económico y la tranquilidad ciudadana (Secretaría de Seguridad, Cali, 2025). La petición pública de apoyo militar hecha por Quiroga subraya la creciente percepción de incapacidad policial para afrontar la ofensiva delictiva y resalta la necesidad de enfoques articulados entre sectores civiles, empresariales y estatales que potencien la prevención, fortalezcan la inteligencia policial y garanticen justicia oportuna.
La reacción desde los sectores académicos no se hizo esperar. Tanto la rectoría de Univalle como el sindicato de profesores repudiaron enérgicamente los ataques, recalcando que iniciativas violentas deslegitiman los valores universitarios y no representan a la mayoría de los estudiantes. Carlos González, a nombre del sindicato, abogó por preservar el campus como un foro de solución social pacífica y rechazo a cualquier método destructivo como manifestación política o social, tal como reporta 90 Minutos.
Por su parte, analistas como Alejandro Jiménez, del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, han enfatizado que tales ataques responden a intereses de criminalidad organizada, que usa la violencia para intimidar y extorsionar a los empresarios del transporte. El Observatorio de Seguridad y Convivencia de Bogotá reveló, en un estudio de 2024, que situaciones parecidas están ocurriendo en otras grandes ciudades colombianas, donde la infraestructura de transporte es cada vez más vulnerable ante el accionar de bandas ilegales.
En síntesis, el ataque a los alrededores de Univalle refleja la interrelación entre la inseguridad urbana, el ambiente académico y la economía regional. Se vuelve indispensable una respuesta coordinada, que combine acciones efectivas de seguridad con la promoción del diálogo social, estrategias de prevención y un fortalecimiento constante de las redes de apoyo comunitario. Solo así se podrá reducir el impacto de estos graves incidentes, de acuerdo con las conclusiones de expertos y observatorios consultados.
¿Por qué el transporte de carga es un objetivo frecuente en los ataques urbanos? Los episodios violentos contra el transporte de carga suelen estar en el centro de la discusión pública, ya que este sector es fundamental para el movimiento de mercancías y el abastecimiento en las ciudades. Los ataques deliberados a los vehículos de empresas como Fedetrans Carga afectan directamente a empresarios, trabajadores y al conjunto de la economía regional, generando un fuerte impacto en la cadena logística y en la percepción de inseguridad de la ciudadanía.
El interés de los grupos organizados en sabotear o controlar el transporte de carga se relaciona con su importancia estratégica: controlar los flujos de bienes significa ejercer presión sobre sectores productivos y acceder a recursos mediante la extorsión. Este patrón, reconocido por expertos y autoridades, también se ha registrado en otras ciudades principales de Colombia, agudizando la sensación de vulnerabilidad y urgencia de políticas públicas integrales.
¿Qué entienden las autoridades por “terrorismo urbano” en este contexto? El término "terrorismo urbano" fue utilizado por el presidente de la Asamblea de Transporte, Alejandro Quiroga, para describir la gravedad y el efecto de estos ataques. A criterio de las autoridades y gremios afectados, se trata de acciones planificadas que buscan sembrar terror, desestabilizar el orden público y presionar a actores específicos para obtener beneficios ilícitos.
En el contexto caleño y nacional, terrorismo urbano refiere, por tanto, a estrategias violentas ejecutadas por actores ilegales en espacios urbanos, distintas a los tradicionales escenarios rurales del conflicto armado colombiano. Su objetivo es alterar la cotidianidad, paralizar actividades clave y desafiar la capacidad del Estado de garantizar seguridad, lo que exige respuestas de amplio alcance para la protección ciudadana y el fortalecimiento institucional.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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