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Con apenas unas horas de intervalo, el jueves 18 de septiembre, fueron encontrados sin vida los hermanos Jhony Campo Duarte, de 38 años, y José Campo Duarte, de 40, en áreas rurales de Pelaya y La Gloria, al sur del departamento del Cesar, Colombia. Ambos presentaban heridas por arma de fuego. Según lo confirmó el coronel William Morales, comandante de la Policía del Cesar, estos homicidios guardan relación entre sí y estarían asociados a la acción de una organización criminal vinculada con la zona del Catatumbo, una región de difícil situación en términos de violencia y conflicto armado, como lo reporta la fuente original.
La muerte de los hermanos Campo Duarte se inserta en un fenómeno que inquieta tanto a las autoridades como a analistas de seguridad, relacionado con el accionar persistente de Grupos Armados Organizados (GAO). Destaca en este contexto la influencia del frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que opera en sectores rurales del Cesar. Este grupo, conocido por su resistencia a los procesos de paz, ha mantenido el control territorial a través de hechos violentos, frecuentemente ligados a disputas por economías ilegales o venganzas entre actores armados. La hipótesis principal de la policía sostiene que las víctimas fueron citadas en Catatumbo por esta organización para luego ser ejecutadas en Cesar, lo que sugiere la existencia de redes criminales que actúan a lo largo de varias regiones con creciente capacidad de movilización.
El Catatumbo, históricamente, ha sido un foco importante del conflicto armado en Colombia por su ubicación estratégica y la proliferación de cultivos ilícitos. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) documenta allí numerosas masacres y desplazamientos forzados que, en muchas ocasiones, no reciben justicia. Este patrón de violencia, según los informes, impacta también al Cesar a través del desplazamiento de personas y la expansión del conflicto armado hacia nuevas áreas.
La reciente migración de los hermanos Campo Duarte desde el Catatumbo y su posterior asesinato reflejan claramente la conexión violenta entre estas zonas, así como los riesgos que sufren quienes, sin ser parte directa de los actores armados, se ven envueltos en sus lógicas criminales. A juicio de observadores consultados por medios oficiales, los homicidios perpetrados por GAO buscan no solo castigar traiciones o supuestas deudas, sino ejercer un control social basado en el miedo, que atemoriza a las comunidades e inhibe las denuncias, contribuyendo a consolidar un clima de impunidad.
Como respuesta institucional, la Gobernación del Cesar ofreció una recompensa de veinte millones de pesos para quien aporte información relevante que permita identificar y capturar a los responsables. Sin embargo, analistas y experiencias previas advierten que este tipo de incentivos resultan insuficientes si no se logra romper el silencio instalado en las zonas bajo dominio de estos grupos. Además, la ausencia de antecedentes judiciales en las víctimas apunta a que probablemente no eran criminales habituales, sino civiles atrapados en una lógica violenta que afecta a la población común; un fenómeno descrito por expertos en derechos humanos del conflicto colombiano.
En estos momentos la Policía adelanta la investigación, con la inspección judicial de los cuerpos a cargo de la Sijín en la morgue de Aguachica. Las autoridades consideran esencial el examen forense para establecer el sitio exacto y la manera en que ocurrieron los asesinatos, elementos claves para reafirmar la hipótesis de una operación coordinada entre el Catatumbo y el sur del Cesar.
Este crimen ilustra de manera clara la continuidad de los desafíos de seguridad en el sur del Cesar y en el Catatumbo, donde la acción de grupos armados y la expansión del conflicto estructuran un ciclo de violencia que afecta gravemente a la población civil y pone a prueba la capacidad del Estado para restablecer el orden y la justicia.
¿Por qué el Catatumbo es considerado una zona estratégica para los grupos armados en Colombia? La importancia del Catatumbo radica en su ubicación fronteriza, la presencia de rutas del narcotráfico y el acceso a recursos naturales valiosos. Según análisis del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), estos factores convierten a la región en un escenario clave para el control territorial de los Grupos Armados Organizados, quienes disputan el dominio no solo de la economía ilegal sino también de las comunidades y sus dinámicas cotidianas.
Esto ha favorecido la existencia prolongada de actores armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dificultando la implementación efectiva de acuerdos de paz y generando ciclos de violencia como el evidenciado en el sur del Cesar. Así, cualquier intento de pacificar el territorio exige una comprensión profunda de la función estratégica del Catatumbo en la conflictividad armada del país.
¿Qué implica el término "Grupos Armados Organizados" (GAO) en el contexto colombiano? "Grupos Armados Organizados" (GAO) es una denominación utilizada por autoridades de defensa y seguridad en Colombia para identificar estructuras criminales dedicadas a actividades violentas y a menudo ilegales, como narcotráfico, extorsión y control social. Se diferencian de bandas menores por su capacidad organizativa, armamento y territorialidad.
En el caso del Cesar y el Catatumbo, la presencia de un GAO como el frente Camilo Torres Restrepo del ELN implica un desafío vertical para la seguridad pública e institucional, ya que fusionan intereses políticos e ilícitos, y utilizan la violencia para perpetuarse en el territorio y sus economías.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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