Así lo informó Julián Mauricio Jara Morales, secretario Jurídico y de Contratación del Quindío, quien dio a conocer que esta situación se da porque actualmente “se están practicando las pruebas y el funcionario que era el representante del operador fue cambiado”.

Es así como la audiencia que se realiza en el marco del estatuto anticorrupción, artículo 86 de la ley 1474, no se pudo llevar a cabo este lunes a las 9 a. m.; la nueva actuación se daría el próximo viernes 17 de junio a la misma hora.

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Ante este panorama, Liliana María Sánchez Villada, secretaria de Educación del Quindío, fue consultada por el trabajo a la par del proceso que se adelanta en contra del operador y su actuar.

Pero la funcionaria respondió que semanalmente las irregularidades persisten en diferentes municipios, esta vez, “lo que podemos decir es que la semana pasada las anomalías se registraron en Montenegro y ayer en Filandia”, dijo Sánchez Villada.

Por su parte, la representante de la veeduría del PAE en el departamento, Mercedes Valencia, indicó que cada vez es más preocupante la situación que padecen los más de 11.000 estudiantes el Quindío.

“Nosotros seguimos con una gran preocupación, pero parece que no tiene eco, a veces se siente sin fuerzas porque la idea sería que todos estemos vigilantes frente al tema del PAE para hacer que esto llegue realmente a un buen término”, dijo la líder social.

Y añadió: “No voy a decir que aquí se está buscando que se cancele el contrato, no, lo que buscamos es que se hagan los correctivos necesarios para que no se siga repitiendo ese incumplimiento de parte del operador”.

Valencia aseguró que a la veeduría le importa es que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a un buen Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el departamento.

La representante de la sociedad también se manifestó molesta por lo que pasa actualmente, un cuarto aplazamiento de las audiencias.

Además, las manipuladoras de los alimentos de los niños dieron a conocer de nuevo irregularidades e incumplimientos en sus pagos pero ahora acompañadas de una nueva preocupación, la salida a vacaciones de mitad de año escolar y por ende la zozobra de no saber si les van a cumplir con el pago de mayo.

“No nos han cancelado el mes de mayo, estamos a 13 de junio y todavía no nos pagan y, aparte de eso, el operador no nos está pagando caja de compensación, ni seguridad social o ARL”, expresó una de las trabajadoras que por temor a no perder el empleo pidió no ser evidenciado su nombre.

Y agregó: “No tenemos ninguna seguridad porque conocimos que el operador no nos ha cancelado las prestaciones de ley desde el mes de abril y estamos trabajando a la deriva, en algún momento a alguna de nosotras nos pasa algo en el trabajo y nadie responde”.

La denunciante aseguró que conoce de casos de compañeras que se han enfermado pero que no han recibido atención porque no están vinculadas al sistema de salud.

“Sumado a eso, a nuestros hijos no les está llegando el subsidio de la caja de compensación porque no la pagan, continúan las mismas irregularidades y ahora el temor está en que este jueves salimos a vacaciones y no tenemos cómo luchar para que el operador nos cancele el mes de mayo, los días trabajados de junio y ahora nos quedaría debiendo la prima salarial de mitad de año y, hasta ahora y como siempre, no hay respuesta”, aseguró la denunciante.

La denunciante evidenció otro inconveniente y es la falta de instrumentos para realizar los alimentos de los estudiantes los cuales no son aportados, al parecer, por el operador pero que además los artículos de aseo no alcanzan para las jornadas mensuales.

“Nos toca sacar del bolsillo de nosotras para lavar la losa, el límpido para poder desinfectar y artículos de estas características porque lo que envía el operador a duras penas durará para una semana no más”, finalizó la ciudadana.

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El proceso   

La secretaria de Educación departamental Liliana María Sánchez Villada, ‘Unidos somos más por Quindío’ fue el ganador de la licitación pública y ha aludido durante la mesa preventiva con los organismos de control a unas dificultades que tiene con el proveedor en el departamento; además de una serie de justificaciones.

La funcionaria indicó que de esta manera buscan que el contratista cumpla y no llegar al peor escenario que es la terminación del contrato de $ 9.000 millones y, por ende, tener que hacer nueva licitación pública que puede durar 45 días, tiempo en que definitivamente los estudiantes no recibirán alimentos.

La preocupación en algunos sectores está porque todavía no se llega a una finalidad de las audiencias y el tiempo de las vacaciones de los menores de edad podría ser aprovechado para una nueva licitación.

El estatuto anticorrupción

  • A) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera.
  • B) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.
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  • C) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia.
  • D) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.