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La Defensoría del Pueblo ha emitido su séptima Alerta Temprana de Inminencia de 2026 ante el aumento del riesgo de vulneraciones a los derechos humanos en los municipios de Cáchira y La Esperanza, ubicados en el departamento de Norte de Santander. Este aviso, de acuerdo con lo informado por El Espectador, surge como consecuencia de la expansión territorial de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), grupo armado ilegal cuya presencia ha crecido tras el repliegue del Clan del Golfo en la región. El organismo de control señala que la ACSN tiene como objetivo consolidar un corredor estratégico que conecta con Santander, el sur de Bolívar y la subregión del Catatumbo, donde la violencia se ha agudizado por la disputa del dominio territorial.
En ese proceso de expansión, la Defensoría del Pueblo ha identificado una serie de hechos preocupantes: desde homicidios selectivos hasta la instauración de retenes ilegales, pasando por la interceptación de vehículos de transporte público. Solo en 2025, el municipio de La Esperanza reportó 11 asesinatos, la cifra más alta de los últimos cinco años, situación que, según la entidad, responde a mecanismos de intimidación y control social implementados por el grupo armado. La presencia de las ACSN en el área, según detalló la Defensoría, se facilitó mediante acercamientos con exintegrantes del extinto Frente Héctor Julio Peinado —quienes permanecían en el sur del Cesar tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)— en un contexto en que la seguridad local ya se encontraba deteriorada por delitos como la extorsión, el abigeato y el secuestro.
En un principio, la entrada de las ACSN se justificó ante la población bajo la premisa de brindar “servicios de seguridad” frente a la delincuencia común. Sin embargo, este ingreso se ha transformado en una estrategia de consolidación y legitimación territorial, según la Defensoría, implicando la instauración progresiva de mecanismos de dominación como la extorsión, que ahora es el principal recurso para mantener el poder sobre la comunidad.
La complejidad del panorama se agrava con la advertencia de una posible confrontación armada en la zona alta de La Esperanza, por la presencia simultánea del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33 de las disidencias de las antiguas FARC, conocidos como el grupo de alias “Calarcá Córdoba”, que operan desde el Catatumbo.
De acuerdo con la Alerta Temprana de Inminencia 007, fuentes comunitarias indican que en algunos casos, ganaderos y comerciantes secuestrados serían trasladados al Catatumbo, donde el Eln asumiría el control de las víctimas y la exigencia de pagos por su liberación. Ello revela una articulación funcional entre varios actores armados ilegales, lo que configura un escenario de violencia aún más complejo en la región.
El informe también observa la imposición de toques de queda, la utilización de métodos de presión para forzar la siembra de cultivos de coca y la ocupación de infraestructuras educativas rurales por parte de los grupos armados, lo que vulnera las normas del Derecho Internacional Humanitario. El riesgo es especialmente grave para niños, niñas y adolescentes, expuestos al reclutamiento forzado y a diversas formas de coacción. Líderes sociales, funcionarios públicos y defensores de derechos humanos también han sido objeto de amenazas por denunciar o resistirse a las actividades criminales en la zona.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo formuló 16 recomendaciones urgentes dirigidas a entidades del Gobierno nacional y autoridades regionales, tales como los ministerios del Interior y Defensa, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El llamado es a que se adopten acciones inmediatas de prevención y protección para evitar nuevas afectaciones y salvaguardar a la población civil de Cáchira y La Esperanza.
¿Qué significa una Alerta Temprana de Inminencia?
La pregunta sobre el significado de una Alerta Temprana de Inminencia resulta relevante porque marca la diferencia entre una advertencia preventiva y una situación ya existente de alto riesgo. Según los informes de la Defensoría del Pueblo, esta figura se utiliza cuando existen indicios claros y urgentes de que se podrían presentar hechos graves que afecten a la población civil si no se adoptan medidas inmediatas.
Esta herramienta permite a las autoridades conocer de primera mano las amenazas identificadas y tomar decisiones para desplegar protecciones oportunas. Así, la Alerta Temprana busca contribuir a la protección, promoción y garantía de los derechos humanos en territorios donde las dinámicas de confrontación armada y criminalidad impiden el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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