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La crisis financiera que afecta a hospitales y clínicas en el departamento del Quindío ha motivado la declaración de alerta roja hospitalaria, medida que implica la suspensión inmediata de cirugías no urgentes, la interrupción de procedimientos especializados y el cese de consultas externas para cerca de 297.000 usuarios de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) Nueva EPS y Asmet Salud. Así lo confirmaron la gobernadora encargada Amanda Tangarife y la Secretaría de Salud regional, quienes advirtieron sobre las limitaciones financieras y operativas que han desbordado la capacidad de respuesta de las instituciones médicas. Esta situación ha obligado la implementación de modelos de atención fragmentados y parciales, cuya consecuencia directa es la discontinuidad de tratamientos y un deterioro en la calidad de los servicios médicos, como documentó el diario La Patria.
Las causas de fondo de esta emergencia sanitaria se encuentran, principalmente, en la reducción de los recursos girados por la Nueva EPS, situación que ha deteriorado seriamente la liquidez de hospitales de referencia como el San Juan de Dios, así como de clínicas reconocidas como la San Rafael y La Sagrada Familia. La mesa de seguimiento liderada por autoridades regionales solo logró desembolsar de manera inicial $5.000 millones al centro médico La Sagrada Familia durante septiembre. Sin embargo, la solución estructural aún está pendiente, con la promesa de futuros giros que podrían superar los $19.000 millones para las instituciones afectadas, según comunicó el secretario de Salud Carlos Alberto Gómez Chacón a La Patria.
Este escenario no es exclusivo del Quindío. De acuerdo con la Federación Médica Colombiana (FMC) y un análisis de El Espectador, el sistema hospitalario del país enfrenta una crisis estructural por la mala financiación pública, los constantes retrasos en el pago por parte de las EPS y problemas administrativos recurrentes. Como resultado, la conectividad de la red hospitalaria se ve comprometida, deteriorando el nivel de atención en diversas regiones de Colombia. A esto se suman desafíos de infraestructura y escasez de personal especializado, elementos que profundizan el colapso asistencial en departamentos como Quindío.
Otro aspecto preocupante es la fragmentación del servicio de salud. Según información de la Secretaría de Salud y estudios recientes de la Fundación FEMSA, la atención de pacientes en diversas instituciones —como quienes sufren accidentes cerebrovasculares y deben desplazarse entre centros de diagnóstico y tratamiento— aumenta la complejidad del seguimiento clínico, eleva el riesgo de discontinuidad en los procesos terapéuticos y ocasiona confusión entre los usuarios y costos adicionales en la gestión hospitalaria.
El impacto para la población es considerable. La suspensión de atenciones no urgentes incrementa el riesgo de complicaciones de salud por la falta de tratamientos oportunos, lo cual, según advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede acentuar desigualdades y aumentar la precariedad social, sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas que requieren controles continuos.
En el ámbito político-administrativo, tanto el Ministerio de Salud como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han enfatizado la exigencia de reformas profundas en la financiación y supervisión de las EPS, la inversión en infraestructuras y la capacitación médica para evitar crisis como la actual. Mientras tanto, las autoridades recomiendan a la ciudadanía acudir solo en casos de urgencias vitales y seguir la información oficial para estar al tanto de los cambios en la prestación del servicio de salud. La emergencia en Quindío pone en evidencia la urgencia de debatir sobre el futuro sostenible del sistema de salud nacional, apuntando a modelos más eficientes y equitativos para satisfacer la demanda de la población, de acuerdo con información de La Patria, el Ministerio de Salud, la OMS y el BID.
¿Qué es una EPS y cuál es su función dentro del sistema de salud colombiano? Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son organizaciones responsables de garantizar la prestación de servicios de salud a sus afiliados, administrando los recursos destinados al sistema y gestionando la red de proveedores. Su función central es servir de intermediarias entre el Estado, los usuarios y las instituciones prestadoras de salud, contratando y pagando los servicios médicos necesarios, como lo señalan las directrices del Ministerio de Salud y los reportes de La Patria. La participación de las EPS resulta fundamental en la cadena de atención, por lo que sus problemas financieros impactan en toda la red hospitalaria y en el acceso efectivo a los servicios médicos.
¿Cómo afecta la fragmentación de la atención a los pacientes durante una crisis hospitalaria? La fragmentación de la atención ocurre cuando el proceso médico de un paciente se distribuye en varios centros o instituciones, lo que puede interrumpir el seguimiento de los tratamientos y generar dificultades para la continuidad asistencial. Según estudios citados por la Fundación FEMSA y las autoridades regionales, este fenómeno aumenta la vulnerabilidad de los pacientes, multiplica los costos logísticos e incrementa el riesgo de errores en el manejo clínico, generando una experiencia más compleja y menos segura para quienes necesitan servicios de salud integrales, sobre todo en situaciones de emergencia sanitaria como la vivida actualmente en el Quindío.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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