El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana de inminencia para el municipio de El Litoral de San Juan, en el departamento del Chocó, ante el creciente peligro de enfrentamientos entre dos grupos insurgentes: las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), específicamente el Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental Jacobo Arenas, y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), representado por el Frente de Guerra Occidental Che Guevara. Según informó la entidad defensora de los derechos humanos, la alerta responde al “grave riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH)” en la región, donde la competencia violenta por el control territorial genera un contexto de vulnerabilidad para la población civil.
El control de la quebrada Munguidó constituye, de acuerdo con la Defensoría, un factor estratégico que aumenta la tensión en la zona. Este afluente no solo conecta la cuenca del río Calima con el río San Juan, sino que también permite el tránsito de actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de madera. Los grupos armados ilegales buscan controlar este corredor, profundizando la disputa y afectando directamente a quienes habitan las orillas y veredas de la región.
Las veredas en riesgo, tales como Pangalita, Munguidó, Barrios Unidos, Palestina, Taparalito San José, entre otras, pertenecen al consejo comunitario general del San Juan (Acadesan), que representa comunidades afrodescendientes, y al resguardo indígena Chagpien Tordó. La Defensoría advirtió sobre una “reconfiguración armada” que se viene gestando desde 2025, cuando el Frente Jaime Martínez habría avanzado sobre territorios históricamente dominados por el Eln, posiblemente contando con el apoyo del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), antes conocido como AGC.
En lo que va de 2026, El Espectador reportó graves episodios de violencia, incluido el asesinato de un joven afrocolombiano y la desaparición de otros dos en el río Munguidó. Estos hechos llevaron al confinamiento forzado de 1.367 personas de comunidades negras e indígenas, impidiéndoles salir de sus territorios y agravando la crisis humanitaria por el hambre y el bloqueo de actividades vitales como la pesca, la caza y la agricultura.
La Defensoría describió un ambiente de “gobernanza armada”, donde los grupos ilegales ejercen el control mediante ataques con drones, panfletos intimidatorios y amenazas directas: quienes no colaboren o sean señalados como enemigos pueden ser declarados objetivo militar. Esta situación limita gravemente la autonomía de las autoridades étnicas, representadas por organizaciones como Acadesan y Woundeko, forzándolas en ocasiones a solicitar permiso a los grupos irregulares para transportarse en el interior de su propio territorio.
La alerta de la Defensoría destaca la gravedad y urgencia de la situación en El Litoral de San Juan. La parálisis social forzada, la estigmatización y la amenaza constante convierten a estas comunidades en víctimas directas de la competencia armada, vulnerando sus derechos fundamentales y poniendo en riesgo su integridad y supervivencia.
¿Qué significa el derecho internacional humanitario (DIH) en el contexto del conflicto armado?
El derecho internacional humanitario, referido en el pronunciamiento de la Defensoría, es un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a quienes no participan directamente en las hostilidades y restringiendo los medios y métodos de combate. Su aplicación es fundamental en contextos como el del Chocó, donde la población civil se ve atrapada en medio de disputas entre grupos armados y requiere protección especial frente a violaciones a sus derechos.
El respeto y aplicación del DIH por parte de los actores armados es crucial para salvaguardar la vida y la dignidad de las comunidades afectadas. Sin embargo, como evidencian los hechos reportados, su desconocimiento conlleva a graves consecuencias humanitarias y a la perpetuación de escenarios de violencia prolongada. ¿Podrán las acciones institucionales cambiar el panorama en municipios afectados como El Litoral de San Juan?
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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