Todo estaba listo para que Aída Merlano se presentara por primera vez ante la justicia colombiana desde que fue deportada de Venezuela. La audiencia, que se iba a llevar a cabo este jueves 13 de abril, no se pudo desarrollar porque la excongresista no llegó a la diligencia ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, donde la iban a escuchar sobre la investigación que se adelanta por la compra de votos en las elecciones de marzo de 2018, según informó Blu Radio. 

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Su defensa, representada por el abogado Miguel Ángel del Río, explicó su inasistencia alegando problemas de salud de Merlano dentro de la cárcel El Buen Pastor, donde permanece recluida y con un fuerte esquema de seguridad, de acuerdo con la emisora. La voz de Merlano es clave en este proceso, pues salpicaría a varios grupos económicos de la Costa Caribe, como los Char, familia adinerada de Barranquilla y propietaria de empresas como Olímpica y el Junior.

De hecho, su abogado lanzó una fuerte advertencia en Twitter a quienes intentan hacerle daño a su cliente, quien según él corre peligro: “Un mensaje a los clanes políticos de la Costa: no se atrevan a tocarle un pelo a Aida Merlano. Cualquier ataque a su integridad será su responsabilidad”. 

¿Por qué investigan a Aída Merlano por compra de votos?

Este caso tiene una relación directa con la denuncia presentada en contra de Merlano porque supuestamente le entregó cerca de 5.000 millones de pesos al candidato para la Cámara de Representantes Emeterio José Montes de Castro. El dinero habría sido girado por el empresario barranquillero Julio Gerlein, uno de los financiadores de la campaña de la mujer.

De hecho, Merlano ya tiene dos condenas por sus conductas corruptas para acceder al Senado. La primera es de 15 años por liderar la compra de votos en la Costa; y la segunda, de cinco años y medio, por superar, ampliamente, los topes electorales fijados por la ley. 

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Lo que se espera ahora es que la Corte Suprema de Justicia anuncie la nueva fecha para la diligencia contra Merlano, que ha pedido incluso cambio de cárcel para garantizar su seguridad.