El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
En los últimos años, la relación entre Estado y cultura en Colombia ha sido motivo de un profundo debate, especialmente a raíz de la llamada Economía Naranja. El tema resurge después de las declaraciones de la ministra de las Culturas, Paola Holguín, quien, durante un debate de control político, defendió la visión de la cultura como una industria que puede convertirse en un renglón estratégico para la economía nacional. Según lo expuesto por Holguín, su gestión se enfocará en fortalecer las industrias culturales y creativas, sin desconocer el valor social de la cultura ni reducirla a una simple mercancía, de acuerdo con información de El Espectador.
Esta discusión no es nueva. Hace siete años, Antonio Caballero y Germán Rey, en la desaparecida revista Arcadia, advirtieron sobre los riesgos de considerar la cultura únicamente como industria generadora de bienes y servicios. Para ellos, esa visión implicaba recortar la complejidad de la vida cultural y representaba amenazas tanto para la libertad de creación como para la diversidad de contenidos. Caballero, apoyándose en el historiador Jacob Burckhardt, resaltó el papel crítico de la cultura frente al poder político y religioso, alertando sobre los riesgos del control estatal sobre la expresión artística. Rey, desde los derechos culturales, cuestionó la noción de ciudadano como cliente y subrayó que las personas son sujetos activos de derechos, no meros consumidores.
La Constitución Política de Colombia de 1991 impone tres grandes deberes al Estado: garantizar la libertad de creación artística y expresión cultural, crear condiciones reales de acceso y participación, y proteger el patrimonio cultural del país (artículos 2, 13, 20, 67, 70, 71 y 72). Sin embargo, diversas investigaciones reflejan una paradoja: aunque el presupuesto para el sector cultural ha crecido, el acceso efectivo de la población a la oferta cultural ha disminuido. Según datos de la Encuesta de Consumo Cultural (ECC) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre el período prepandemia, el aumento del gasto no se tradujo en mayor participación ciudadana; por el contrario, el acceso descendió del 22 al 13%.
Tampoco ha mejorado el acceso equitativo. La investigación de Blanco-Ortíz (2025) detecta dos barreras estructurales en el acceso a bienes y servicios culturales: la dificultad inicial para acceder a una experiencia cultural y la falta de continuidad en esa experiencia. Dichas barreras se acentúan en regiones como la Pacífica y la Amazonía, lo que revela desigualdades territoriales profundas. Además, los recursos públicos se han enfocado más en infraestructura y funcionamiento, relegando la formación y el acceso cultural.
Este escenario plantea una reflexión sobre el verdadero sentido de la política cultural: no basta con fortalecer sectores económicos o aumentar el gasto, sino que resulta indispensable garantizar que la ciudadanía ejerza plenamente sus derechos culturales, superando tanto las brechas territoriales como los enfoques reduccionistas de mercado.
¿Cuáles son las principales barreras para el acceso a la cultura en Colombia?
Según el análisis de Blanco-Ortíz (2025) basado en datos de la Encuesta de Consumo Cultural del DANE, la población enfrenta dos barreras estructurales: la primera impide a muchos colombianos acceder por primera vez a una experiencia cultural, y la segunda dificulta que esa experiencia se convierta en una práctica frecuente. Estas barreras son más marcadas en regiones como la Pacífica, la Amazonía y la Atlántica, donde la falta de infraestructura y políticas de acceso equitativo evidencian profundas desigualdades territoriales.
¿Por qué el aumento del presupuesto cultural en Colombia no ha garantizado mayor acceso ciudadano?
De acuerdo con los datos oficiales, especialmente el análisis de la Encuesta de Consumo Cultural (DANE) y la investigación de Blanco-Ortíz, el incremento en el presupuesto se ha concentrado en sectores visibles como infraestructura y música, dejando menos del 25% para formación y acceso real a la cultura. Esto evidencia que una mayor asignación de recursos no resulta suficiente si no se dirige a superar las verdaderas barreras de acceso y participación, tal como lo exige la constitución nacional.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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