El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Un grupo de 37 reconocidos académicos en los campos de la memoria, la justicia transicional, los conflictos armados y los procesos de paz, expresó mediante una carta oficial su preocupación al embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona, por la intervención que este realizó el 30 de octubre ante el Consejo de Seguridad de la ONU. En aquella intervención, el diplomático afirmó que el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) “no es un modelo para el mundo”. Según los investigadores, la visión expuesta por Gaona resulta "selectiva e incompleta", omitiendo aspectos claves del proceso y de sus repercusiones, según información de El Espectador.
En su exposición, Gaona sostuvo que el Gobierno nacional y una gran parte de la ciudadanía no son contrarios a la paz, pero sí se oponen a la impunidad. Añadió también que existen "falsas narrativas" sobre los supuestos beneficios del acuerdo, argumentando que no representa un modelo aplicable ni siquiera para Colombia, dadas las cifras de violencia y victimización posteriores a la firma. La sesión coincidió con la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU, dirigida por Miroslav Jenca, y con una modificación solicitada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que dejó fuera las funciones de verificación de la Reforma Rural Integral.
Los académicos señalan omisiones en la evaluación de Gaona respecto a excombatientes y reincidencias, así como en la comparación con acuerdos anteriores, como el realizado con el M-19 en 1990. Además, enfatizan que una valoración justa debe considerar tanto limitaciones como logros. Subrayan la responsabilidad del Estado en la reparación a las víctimas, más allá de la proveniencia de los victimarios, y advierten sobre la complejidad y lentitud de los procesos de reparación y administración de bienes incautados a las Farc.
En cuanto a los datos de violencia presentados por el embajador, los firmantes solicitan claridad, señalando que no todas las masacres, asesinatos y secuestros posteriores al acuerdo pueden vincularse al conflicto armado. Uno de los temas centrales es la Justicia Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de justicia restaurativa innovador dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuya función va más allá de resultados “punitivos” y ha logrado avances significativos en reconocimiento de responsabilidades y búsqueda de personas desaparecidas.
Finalmente, los investigadores sostienen que varias deficiencias señaladas por Gaona reflejan dificultades previas y problemas en la implementación del acuerdo, documentados tanto por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz como por la Procuraduría. Invitan a sostener un debate público fundamentado en evidencia y reconocimiento equilibrado de logros y limitaciones, sin renunciar a la crítica, pero evitando representaciones parciales del proceso de paz colombiano.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué logros y limitaciones ha tenido la JEP desde la firma del Acuerdo de Paz?
De acuerdo con los académicos, la Justicia Especial para la Paz (JEP) ha permitido avances importantes como el reconocimiento de responsabilidad de integrantes de la Fuerza Pública en casos de ejecuciones extrajudiciales y la resolución de miles de expedientes archivados o sin resolver en la justicia ordinaria. A pesar de estos logros, los investigadores reconocen que el modelo tiene imperfecciones, dada la magnitud de las victimizaciones, y requiere evaluación crítica constante.
¿Cuál es el papel del Estado en la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia?
Según la carta citada por El Espectador, la reparación a las víctimas es una obligación del Estado, independientemente de quién haya perpetrado los crímenes. Los investigadores señalan que la reparación integral implica procesos largos y complejos, especialmente en la administración de bienes relacionados con el conflicto, y que esta deuda histórica ha sido reconocida por la Corte Constitucional en sentencias recientes.
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