En la tarde de este lunes fueron capturados cinco policías que tendrían relación con el asesinato del presunto abusador de Hilary Castro, ocurrido en la URI de Puente Aranda, el pasado seis de noviembre.

Los patrulleros hacían parte del esquema de seguridad en las celdas de la Unidad de Reacción Inmediata y fueron identificados como: Bairon Arley González, Brayan Montealegre, Yiber Eduardo Blanco, Bladimir Sánchez Tarazona y Brayan Marín Tovar.

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Luego de la captura fueron presentados ante un juez de control de grantías. La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado y tortura a título de coautores por comisión u omisión.

En caso de ser encontrados culpables, el abogado Julián Quintana dijo en Citytv que podrían recibir una condena podría superar fácilmente los 40 años de cárcel.

“Podría estar entre los 40 y los 50 años de prisión, a no ser que las pruebas de la Fiscalía sean tan contundentes que decidan aceptar cargos. En ese caso podrían tener una rebaja de hasta el 50 %”, explicó el jurista en el noticiero.

El abogado enfatizó en que los policías también podrían suscribir un preacuerdo que les permita acceder a una condena más reducida, sin descartar que puede haber un principio de oportunidad.

Acusan a policías en caso de presunto abusador de Transmilenio

Según la necropsia que le practicó Medicina Legal, González fue golpeado hasta la muerte, lo cual confirmó el relato de un testigo que señaló que varios policías habrían permitido a la banda de ‘Los Plumas’ darle la ‘bienvenida’ al presunto abusador.

Imágenes de las cámaras de seguridad de la URI muestran que dos reclusos llevaron a la fuerza a González hasta un baño en el que fue golpeado. Además, que se aprecia que lo regresaron a la celda (al parecer, desmayado). Todo eso habría ocurrido ante los ojos de los cinco policías.

“Los uniformados de la Policía pudieron impedir que los privados de la libertad lesionaran, torturaran y le quitaran la vida a Juan Pablo, pero no quisieron hacerlo. No usaron su voz, ni su fuerza de mando, no provocaron una alerta para convocar la presencia de más fuerza para impedir el hecho, no se opusieron, no dieron una orden de detención, al contrario, fueron permisivos”, argumentó la Fiscalía durante la audiencia.

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Ninguno de los patrulleros acusados aceptó los cargos que les fueron imputados y este martes un juez de control de garantías decidirá si deben enfrentar el proceso en la cárcel.