Este lunes, el abogado penalista John Freddy Espíndola, quien representa al estadounidense en el caso que se adelanta en su contra por el delito de feminicidio en el caso del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, le pidió a un juez de Bogotá la nulidad del proceso.
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De acuerdo con lo mencionado por el togado, a lo largo del caso se le han vulnerado derechos a su defendido como al debido proceso, a la defensa y a la garantía fundamental de comprender la formulación de cargos.
Momentos después de la audiencia se conoció una información respecto al abogado, quien actualmente cuenta con una sanción en su contra que le impide ejercer labores como juez de la república.
Qué hizo el abogado de John Poulos en su pasado
De acuerdo con un documento compartido por La W Radio, John Fredy Espíndola Soto, fue destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer como juez, mas no como abogado, por lo que puede seguir litigando en cualquier caso que requiera sus servicios.
Dicha penalidad, impuesta el 16 de diciembre de 2021 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, va hasta el 31 de 2031 y le fue colocada en su momento por un caso de incapacidades fraudulentas cuando ejercía como juez primero promiscuo municipal de Puerto Rico, Cauca, agregó la emisora.
Y es que todo está relacionado con tres incapacidades médicas por enfermedad que presentó el abogado para salir del país, las cuales terminaron siendo falsas. Lo que llama la atención es que, de acuerdo con el Tribunal Superior de Florencia, Caquetá, las supuestas incapacidades coincidieron con desplazamientos que hizo el abogado a Argentina, donde cursaba una especialización, agregó la cadena radial.
“Halló inconsistencias como el inicio de la incapacidad al día siguiente de haber sido emitida, incapacidad en temas de psiquiatría por un profesional que no tenía esa especialidad y una última emitida con contradicciones médicas que descartaban lesiones de fondo, luego de una caída”, mencionó la Comisión de Disciplina Judicial, citó La W Radio.
Por último, dicha entidad concluyó que el togado se abstuvo a tramitar una licencia no remunerada, por lo que siguió recibiendo parte de sus ingresos laborales gracias a las engañosas incapacidades.
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