El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El 2 de mayo se conmemoran 24 años de la masacre de Bojayá, un suceso que marcó profundamente a la población de este municipio en el departamento del Chocó. Según la información difundida, más de un centenar de personas perdió la vida durante violentos enfrentamientos entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el año 2002. La mayoría de las víctimas buscó refugio en la iglesia del pueblo, donde un mortero lanzado impactó el edificio y provocó la tragedia.
En reconocimiento de una deuda histórica, el Ministerio de Defensa ha organizado, para este aniversario, un acto público de perdón en el que el Estado asumirá públicamente la responsabilidad y hará excusas formales por no haber protegido a la población civil durante aquella época. Este evento será presidido por el ministro de Defensa, Pedro Suárez, quien estará acompañado de altos mandos militares y policiales, como el comandante de la Armada, almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, el general Royer Gómez Herrera del Ejército Nacional y el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano.
El lugar de la conmemoración será emblemático: las ruinas del antiguo casco urbano de Bellavista, donde ocurrieron los hechos en 2002. Según lo establecido en la sentencia número 98 del 28 de mayo de 2012, la Nación, representada por el Ministerio de Defensa Nacional, la Armada Nacional, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, fue declarada responsable administrativa y patrimonial. Esta decisión fue confirmada más tarde por el Tribunal Administrativo de Chocó en 2019, consolidando la obligación del Estado no solo de reconocer su responsabilidad sino también de rendir homenaje a las víctimas.
En la ceremonia, además de las principales autoridades estatales, participarán delegados de otras carteras, miembros de los poderes Legislativo y Judicial, y autoridades tanto regionales como locales. La presencia internacional estará representada por la embajadora de Suecia en Colombia, Maria Cramér, quien oficiará como veedora del evento y reafirmará el compromiso de la comunidad internacional con la memoria y la justicia en Colombia.
El evento incluirá actividades significativas tales como la peregrinación de las familias de las víctimas desde Bellavista Nuevo, actos simbólicos de purificación y sanación ancestral dirigidos por las comunidades indígenas, y otras expresiones que buscan reafirmar la dignidad de quienes sufrieron el impacto de la violencia. Esta agenda tiene como objetivo no solo evocar el recuerdo, sino también impulsar procesos de reconciliación, reivindicación y sanación colectiva en la región.
Toda esta programación ha sido diseñada para honrar la memoria de las víctimas, visibilizar el sufrimiento padecido por la población civil y fomentar una reflexión pública sobre el rol del Estado frente a la protección y garantía de los derechos humanos en zonas históricamente vulnerables como Chocó. La conmemoración no solo representa una obligación legal, sino también un compromiso moral con las comunidades afectadas y con la historia del país.
¿Qué significa “responsabilidad patrimonial” en el contexto de la masacre de Bojayá?
La expresión “responsabilidad patrimonial” aparece en la sentencia número 98 del 2012 y en la sentencia 45 del 2019 del Tribunal Administrativo de Chocó. Este término hace referencia a la obligación del Estado colombiano de responder económicamente por los daños causados a las víctimas y a la comunidad afectada, como consecuencia de su omisión en la protección de los derechos de la población durante los enfrentamientos armados. Esto implica medidas de reparación material y moral, así como el reconocimiento del daño ocasionado a las familias y al tejido social de Bojayá.
Su relevancia radica en que no solo evidencia el fallo institucional que permitió la ocurrencia de la tragedia, sino que también establece un precedente sobre el papel del Estado en la prevención y remediación de violaciones a los derechos humanos, particularmente en contextos de conflicto. Esta responsabilidad patrimonial obliga a desarrollar acciones concretas para resarcir a los afectados y garantizar la no repetición de hechos semejantes.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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