El Salvador volvió a ocupar titulares internacionales luego de que varios integrantes del Barrio 18 fueran condenados a penas que superan los 300 años de prisión, un fallo que refleja la línea dura que mantiene el Gobierno de Nayib Bukele contra las estructuras criminales desde que asumió el poder en 2019.
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Durante los últimos años, el país centroamericano ha experimentado un giro radical en materia de seguridad. Lo que antes era considerado el país más violento del hemisferio, dominado por homicidios, extorsiones y la presencia casi absoluta de maras en los barrios, pasó a convertirse —según cifras oficiales— en una nación con tasas históricamente bajas de criminalidad.
Ese cambio se dio gracias al llamado ‘Régimen de Excepción’, una medida que ha permitido capturas masivas, la suspensión de ciertas garantías constitucionales y la construcción de mega prisiones como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Aunque esta estrategia ha sido celebrada por buena parte de la población salvadoreña, también ha sido criticada por organismos internacionales que denuncian posibles detenciones arbitrarias y abusos. Sin embargo, el Gobierno ha insistido en que se trata de acciones necesarias para erradicar de raíz a las maras que, por décadas, sometieron a la población.
En ese contexto se inscribe la reciente decisión judicial. El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas que llegan hasta los 397 años de cárcel contra varios pandilleros del Barrio 18, responsables de múltiples delitos cometidos entre 2021 y 2022.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), entre los sentenciados hay cuatro líderes de la estructura criminal, quienes dirigían actividades que iban desde la extorsión a comerciantes hasta atentados contra personas que se resistían a entregar dinero. Las víctimas eran, principalmente, vendedores informales, pequeños empresarios y ciudadanos a quienes la pandilla presionaba para obtener pagos periódicos bajo amenaza de muerte.
La FGR indicó que estos pandilleros también privaron de libertad a varias personas, a quienes golpearon y amenazaron para obligarlas a cumplir con sus exigencias. Las autoridades detallaron que los hechos demostraron el nivel de control que ejercían sobre comunidades enteras, donde su presencia generaba temor constante y limitaba incluso la movilidad de los habitantes.
Además de la extorsión —uno de los delitos más comunes cometidos por las maras—, los condenados también fueron hallados culpables de tráfico ilícito de droga, homicidio agravado, proposición y conspiración para cometer homicidio y agrupaciones ilícitas.
Los fallos judiciales se suman a una serie de procesos que el país ha venido acelerando desde el fortalecimiento de su política de seguridad. Para el gobierno salvadoreño, estas condenas representan un nuevo golpe contra estructuras que, por años, mantuvieron bajo amenaza a miles de familias en todo el territorio.
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Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando con atención el modelo impulsado por Bukele, un esquema que combina mano dura, masivas capturas y tribunales especializados. Aunque polémico, el enfoque continúa marcando el rumbo de un país que busca dejar atrás la sombra de las maras.
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