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El reciente despliegue de operativos simultáneos en los principales centros penitenciarios de Perú —Lurigancho en Lima, Trujillo en el norte y Challapalca en el sur— bajo la dirección de la presidenta interina Dánae Jerí, representa un giro relevante en la política de seguridad del país. Esta intervención estatal, inusual por su liderazgo desde la más alta esfera de poder, apunta a reafirmar el compromiso del actual gobierno de combatir el crimen organizado desde la raíz. El contexto en el que ocurren estas acciones es crucial: la inseguridad ciudadana ha escalado a ser el principal tema de debate y presión política en Perú.
La destitución inmediata de la expresidenta Dina Boluarte fue justificada por el Congreso apelando a su “incapacidad moral” para gestionar la creciente inseguridad, un argumento respaldado por los indicadores publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El informe anual de 2023 documentó un preocupante aumento del 11% en denuncias por extorsión y un 8% en homicidios en comparación al año anterior. Por su parte, la Defensoría del Pueblo expuso que, en el periodo reciente, más de 1.200 casos de extorsión fueron orquestados desde las cárceles, lo que evidencia la profundidad del problema y la presión que enfrentan las autoridades para ofrecer respuestas contundentes.
La incautación de equipos y materiales de comunicación utilizados para coordinar extorsiones dentro de los penales durante estos operativos corrobora la presencia de redes criminales complejas. Así lo destaca un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que identifica a Perú y México como los países latinoamericanos donde el crimen organizado ha logrado mayor infiltración dentro del sistema penitenciario. Estas prácticas se ven favorecidas por la sobrepoblación, la corrupción y la falta de recursos tecnológicos, factores que han limitado la efectividad de las intervenciones estatales a respuestas de tipo reactivo.
Pese a la reciente creación de una División Especializada en Investigación de Extorsiones, persiste la preocupación respecto al equilibrio entre seguridad y respeto de los derechos humanos. Expertos de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) han advertido que la militarización de los penales puede degenerar en tratos crueles o tortura; en 2024, la entidad ya recibió 24 denuncias referidas a estos abusos en cárceles intervenidas. Estos datos plantean la urgencia de abordar el problema de manera estructural, incorporando tanto acciones de seguridad como políticas de rehabilitación.
El escenario peruano, al igual que en otros países de la región, revela que la inseguridad y la corrupción carcelaria tienen impacto directo en la confianza ciudadana en las instituciones, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por ello, voces como la de la Fundación Gabo sugieren avanzar de operativos mediáticos hacia una estrategia integrada y multidisciplinaria que combine acción policial, intervención social y reformas judiciales profundas. El discurso firme de la presidenta Jerí, si bien marca un precedente simbólico, demanda acompañamiento efectivo en términos de institucionalidad, lucha contra la corrupción y programas de reinserción, elementos que hasta ahora han sido postergados.
¿Qué es la extorsión y cómo afecta a la seguridad en Perú?
La extorsión —según lo contextualiza la Defensoría del Pueblo en sus informes recientes— es un delito consistente en exigir dinero o beneficios mediante amenazas, muchas veces ejecutadas por redes criminales desde el interior de las cárceles. Este fenómeno ha cobrado especial gravedad en Perú, donde se registran cientos de casos mensuales que impactan tanto en la percepción de inseguridad como en la vida cotidiana de ciudadanos y empresarios. El aumento sostenido de denuncias evidencia que el fenómeno trasciende el ámbito carcelario y se vincula con problemas estructurales de vigilancia y control estatal.
La relevancia de explicar este término radica en su presencia recurrente como argumento central en los debates públicos, las intervenciones policiales y los informes de organismos como el INEI y la CIDH. Entender cómo la extorsión se articula desde las cárceles permite dimensionar la complejidad del reto y la necesidad de políticas integrales para combatirla.
¿Qué significa sobrepoblación carcelaria y cómo influye en el crimen organizado?
La sobrepoblación carcelaria se refiere a la cantidad de internos que excede la capacidad oficial de los establecimientos penitenciarios. En el caso peruano, los informes de la CIDH señalan que la falta de espacio adecuado contribuye al desorden, dificulta la rehabilitación y facilita la organización de redes delictivas dentro de los penales. Por ello, es frecuente que los operativos policiales enfrenten obstáculos derivados de este hacinamiento, lo que a su vez incrementa la incidencia de delitos cometidos desde el interior de las cárceles.
La pertinencia de abordar este término responde a que la sobrepoblación no solamente pone en riesgo la integridad de los internos, sino que constituye el caldo de cultivo ideal para que actúen estructuras mafiosas. Así, las estrategias estatales de seguridad deben necesariamente considerar este factor si aspiran a interrumpir efectivamente el accionar de las redes criminales y avanzar hacia una reforma penitenciaria sostenible.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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