Un juez federal de Ohio ordenó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reanudar el estudio de solicitudes de residencia permanente, permisos de trabajo, documentos de viaje y otros beneficios migratorios que habían quedado suspendidos por la aplicación de restricciones migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.
La decisión fue adoptada por el juez federal Algenon L. Marbley, quien concedió una medida cautelar a favor de 25 inmigrantes que demandaron al Gobierno estadounidense al considerar que sus trámites permanecían congelados de manera indefinida únicamente por haber nacido en países incluidos dentro de las proclamaciones presidenciales que limitaron el ingreso de extranjeros por razones de seguridad nacional.
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En su decisión, el juez aclaró que la orden judicial no implica que las solicitudes deban ser aprobadas automáticamente. Lo que establece es que USCIS debe reanudar el análisis de cada expediente y adoptar una decisión conforme a la legislación migratoria vigente, en lugar de mantener los casos archivados sin una respuesta.
“La cuestión no es si estas personas tienen derecho o no al beneficio migratorio, sino si el gobierno puede simplemente dejar de decidir sus casos”, sostuvo Marbley en la providencia.
Uno de los puntos centrales del fallo es que la medida únicamente cobija a personas que ya residen legalmente en Estados Unidos y que presentaron solicitudes de ajuste de estatus u otros beneficios administrados por USCIS.
“Estos extranjeros no están fuera del país; viven en distintas partes de EE. UU. y muchos llevan años aquí y ya habían recibido autorización para trabajar”, señaló el juez.
Según Marbley, el Gobierno no logró demostrar de qué manera mantener suspendidas las solicitudes de personas que ya se encuentran legalmente dentro del territorio estadounidense contribuye a proteger la seguridad nacional.
De hecho, el juez indicó que las autoridades “no explican cómo retrasar una decisión sobre solicitudes presentadas por extranjeros que ya están en EE. UU. podría aliviar alguna preocupación de seguridad pública o nacional”.
La decisión no aplica para quienes esperan la ‘green card’ desde el exterior
El fallo establece una diferencia importante respecto de otros procesos migratorios. La orden judicial no beneficia a las personas que permanecen fuera de Estados Unidos esperando la expedición de una visa de inmigrante o una residencia permanente.
Precisamente, ese grupo de solicitantes hace parte de otra demanda que continúa en curso ante tribunales federales. En ese proceso participan varios extranjeros, entre ellos ciudadanos colombianos, quienes sostienen que el Gobierno suspendió ilegalmente entrevistas consulares y la expedición de visas de inmigrante cuando sus trámites ya estaban prácticamente finalizados.
Los demandantes argumentan que las restricciones migratorias terminaron afectando procesos de residencia permanente que habían cumplido todos los requisitos legales. Sin embargo, ese caso aún no ha sido resuelto por la justicia.
La decisión de Ohio llega apenas un mes después de otro pronunciamiento judicial relacionado con las mismas políticas de USCIS.
El pasado 5 de junio, el juez federal John J. McConnell, en Rhode Island, declaró ilegales cuatro memorandos internos mediante los cuales la agencia suspendió el procesamiento de solicitudes de asilo, ciudadanía, permisos de trabajo, ajustes de estatus y otros beneficios para personas nacidas en 39 países afectados por las restricciones migratorias. Aunque ambos casos están relacionados, tienen alcances distintos.
Mientras la decisión de Rhode Island cuestionó la legalidad de las políticas administrativas adoptadas por USCIS y ordenó dejar sin efecto esos memorandos, el fallo de Ohio resolvió la situación específica de 25 inmigrantes cuyos expedientes permanecían congelados, concluyendo que el Gobierno tampoco puede mantener indefinidamente suspendidos esos procesos.
¿Qué trámites deberán reactivarse?
La orden judicial cobija varios de los principales beneficios migratorios administrados por USCIS.
Entre ellos se encuentran las solicitudes de ajuste de estatus mediante el formulario I-485 para obtener la residencia permanente (‘green card’), los permisos de trabajo (formulario I-765), los documentos de viaje (I-131) y otros beneficios cuya tramitación había sido suspendida.
En el caso de los permisos laborales, Marbley ordenó que USCIS adopte una decisión dentro de un plazo de 30 días para los demandantes beneficiados por la medida cautelar.
El juez también destacó que el principal perjuicio para los inmigrantes no era únicamente la demora, sino permanecer indefinidamente sin respuesta por parte de las autoridades, ya que una decisión negativa puede ser apelada por las vías legales, mientras que un expediente congelado impide cualquier posibilidad de avanzar en el proceso. La administración Trump ya había manifestado su desacuerdo con decisiones similares.
Tras el fallo emitido en Rhode Island, USCIS informó que “discrepa firmemente” de la decisión judicial, aunque aseguró que la cumpliría mientras avanzan las apelaciones correspondientes.
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Todo indica que el Gobierno también buscará revertir el fallo emitido por el tribunal de Ohio. La administración ha defendido que la suspensión temporal del estudio de ciertos beneficios migratorios responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de revisión y proteger la seguridad nacional.
No obstante, Marbley concluyó que ese argumento no resulta suficiente para justificar que solicitudes presentadas por personas que ya viven legalmente en Estados Unidos permanezcan congeladas de manera indefinida.
Con ambos procesos encaminados hacia las cortes de apelación, será la justicia federal la que finalmente determine hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo para suspender o retrasar el estudio de beneficios migratorios invocando razones de seguridad nacional.
La llegada de Petro a la Casa Blanca
El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.
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