El presidente Gustavo Petro señaló desde Catar que los cultivos de coca en Colombia aumentaron en 2024 a 262.000 hectáreas, un crecimiento del 3,6 % frente al año anterior, según cifras que han generado polémica.
Petro aseguró que dentro del total hay 80.000 hectáreas abandonadas y 22.000 en transición hacia cultivos lícitos, y criticó el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, señalando errores en sus cálculos.
Sin embargo, expertos y exfuncionarios, como Daniel Mejía y Ángela María Buitrago, rechazaron sus afirmaciones y defendieron la rigurosidad de la metodología del Simci.
El aumento de las narcosiembras ocurre en medio de tensiones diplomáticas con Estados Unidos, que considera que las políticas de “paz total” han beneficiado a los narcotraficantes.
De hecho, el gobierno liderado por Donald Trump descertificó la lucha antidrogas del Gobierno Petro y suspendió los programas de cooperación. Además, la producción potencial de cocaína alcanzó niveles récord en 2023, con más de 2.660 toneladas.
Los datos también revelan un desplome en la erradicación forzada: de 68.893 hectáreas destruidas en 2022, se pasó a solo 9.403 en 2024. Aunque las incautaciones aumentaron 13 % en 2025, los expertos advierten que esto refleja la expansión de los cultivos y la mayor oferta de cocaína en el país.
Por qué Estados Unidos quitó certificación antidrogas a Colombia
Estados Unidos decidió descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas debido al aumento de los cultivos de coca y a la percepción de falta de resultados en las políticas antidrogas del gobierno de Gustavo Petro.
Washington argumentó que, bajo la estrategia de “paz total”, el Ejecutivo colombiano había reducido significativamente las operaciones de erradicación forzada, lo que permitió la expansión de las narcosiembras.
Según los informes oficiales, las áreas sembradas con coca pasaron de 253.000 hectáreas en 2023 a 262.000 en 2024, el nivel más alto en la historia reciente.
El Departamento de Estado estadounidense también expresó preocupación por la producción récord de cocaína, que superó las 2.600 toneladas anuales, y cuestionó los cambios en las políticas de interdicción y sustitución voluntaria.
Para Washington, estas decisiones favorecieron indirectamente a grupos narcotraficantes y debilitaron la cooperación bilateral en seguridad. La descertificación implicó la suspensión de varios programas de ayuda militar y policial, afectando la asistencia técnica y financiera de Estados Unidos en operaciones antidrogas.
Este hecho marcó un deterioro histórico en las relaciones entre ambos países, que tradicionalmente habían mantenido una alianza clave en la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio.
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