El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
En medio de un contexto político convulso, el mandatario colombiano Gustavo Petro ha sostenido que el enfrentamiento diplomático con Donald Trump actuó como catalizador para que el Pacto Histórico, su coalición, emergiera como la principal fuerza política de Colombia. Petro fundamenta esta percepción en los resultados de la consulta celebrada el 26 de octubre, donde el bloque obtuvo 2,7 millones de votos. Sin embargo, mientras en el discurso interno esta narrativa fortalece al gobierno, en el panorama internacional la administración de Washington se mantiene en estado de alerta sobre las relaciones bilaterales, evaluando posibles replanteamientos en el trato con Bogotá y considerando nuevas medidas ante lo que denominan irregularidades y concesiones del actual gobierno.
Según El Espectador, la expedición de la orden ejecutiva 14059 por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) surgió de informaciones recibidas sobre supuestos “beneficios” que el presidente Petro habría concedido a organizaciones dedicadas al narcotráfico. Estas actuaciones se enmarcarían dentro de los diálogos para la denominada “paz total”. Si bien la Casa de Nariño rechaza de plano dicha acusación, voces de diplomáticos tanto en Washington como en Bogotá señalaron que los privilegios, entre ellos los ceses al fuego y el levantamiento temporal de órdenes de captura, favorecieron el auge de cultivos de coca —que alcanzaron 253.000 hectáreas— y un marcado aumento de la producción de cocaína en 2023, con un crecimiento del 53%. Además, existen resistencias en la Casa Blanca debido a la afinidad de Petro y su gabinete con el régimen venezolano de Nicolás Maduro.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, fue contundente al afirmar que Petro “ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga”, lo cual, a juicio de Washington, justifica acciones más severas para proteger los intereses estadounidenses y dejar claro su rechazo al tráfico de drogas. Sin embargo, como precisa El Espectador, en los registros de Estados Unidos la orden ejecutiva no define a Petro ni a sus colaboradores como narcotraficantes, sino más bien como “auspiciadores” a través de sus decisiones de gobierno en materia de política antidrogas.
La decisión de Estados Unidos no se limitó a la supuesta permisividad frente a organizaciones criminales. Las instancias encargadas valoraron también informes sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro en 2022. La lista de sancionados incluye a familiares y funcionarios cercanos; estos quedaron de inmediato sujetos a restricciones financieras bajo la llamada “Lista Clinton”, un mecanismo habitual empleado por la OFAC para impedir maniobras financieras que eludan las consecuencias de las sanciones.
El ministro Benedetti confirmó públicamente el impacto de dicha medida en su vida financiera. A su vez, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del gobierno colombiano rechazó la inclusión del presidente y su círculo cercano, tachándola de violatoria del debido proceso. En el caso de la primera dama, Verónica Alcocer, la inclusión se justificó por posibles beneficios financieros derivados de su vínculo con Petro, mientras que su hijo Nicolás enfrentó graves señalamientos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Por ahora, la administración estadounidense continúa vigilando el comportamiento del gobierno e investiga a otros miembros del petrismo para potenciales inclusiones en la lista de sancionados. El caso se complica aún más tras la divulgación por parte de Petro de información sobre la compra del software Pegasus, hecho que para el Departamento del Tesoro representa una amenaza a la integridad del sistema financiero internacional y motiva nuevas tensiones diplomáticas. Mientras tanto, Petro ha optado por fortalecer lazos con otros actores globales en una gira por Oriente Medio, dejando a sus principales colaboradores en el país para enfrentar las consecuencias políticas relacionadas con estas decisiones.
¿Qué implica la inclusión en la Lista Clinton para un funcionario colombiano? La inclusión en la Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), representa una sanción financiera que busca impedir que las personas designadas realicen transacciones o manejen activos a través del sistema financiero internacional, particularmente el estadounidense. Aunque en ocasiones se asocia exclusivamente con actividades relacionadas al narcotráfico, según lo explicado en el artículo de El Espectador, el alcance puede estar relacionado tanto con acusaciones directas como con la sospecha de facilitar, auspiciar o mantener relaciones con organizaciones criminales.
Este mecanismo, además de tener consecuencias económicas inmediatas como el bloqueo de cuentas y tarjetas, afecta la reputación política y limita la movilidad internacional de los funcionarios señalados. Su relevancia crece en la coyuntura actual, donde Estados Unidos mantiene la lupa sobre las acciones del gobierno de Gustavo Petro y sus colaboradores, dejando abierta la posibilidad de nuevas inclusiones según evolucione la relación bilateral.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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