La deportación de ciudadanos colombianos desde los Estados Unidos ha alcanzado un máximo histórico, de acuerdo con los registros oficiales de las agencias norteamericanas recopilados por la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse. El análisis de los datos revela que, durante el mes de marzo, fueron expulsados un total de 4.075 connacionales, consolidándose como la cifra mensual más alta desde 1998, año en que se empezaron a documentar estos procesos de forma electrónica.
Esta cifra representó el 7 por ciento del total de los 57.874 deportados por Estados Unidos en ese mismo mes, ubicando a la comunidad colombiana en el quinto grupo con mayor cantidad de expulsiones, superado únicamente por ciudadanos de México, Honduras, Guatemala y El Salvador. En lo que va corrido del año fiscal 2026 (iniciado en octubre de 2025), ya se contabilizan 18.877 colombianos deportados, lo que equivale al 6,66 por ciento del total general de repatriados en dicho semestre. La tendencia actual apunta a superar los registros de años anteriores, pues en todo 2024 se presentaron 21.000 casos y en 2023 se registraron 13.000.
El reporte también destaca un incremento sin precedentes en el renglón de las “salidas voluntarias” o autodeportaciones. En los seis meses evaluados del presente año fiscal, un total de 3.099 colombianos decidieron abandonar el territorio estadounidense por cuenta propia, una cifra significativamente superior a las 2.145 salidas registradas en la totalidad del año fiscal 2025 y a las 638 documentadas en 2024. Este comportamiento generalizado responde a la política migratoria de la Casa Blanca, la cual acumula más de 780.000 deportaciones en el último año y medio de gestión.
Más allá de las acciones de expulsión en las fronteras, la estrategia de la administración de Donald Trump contempla el endurecimiento y la reducción de los canales legales de ingreso y permanencia en el país. Un informe del Instituto Cato expone que durante el último año fiscal se registró una disminución cercana al 50 por ciento en la expedición de tarjetas de residencia (green cards). Asimismo, se eliminaron de manera integral los alivios humanitarios para naciones como Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, restringiendo paralelamente las solicitudes de asilo en los puertos de entrada.
Fuentes oficiales defienden la legalidad y necesidad de las directrices argumentando que el objetivo principal es recuperar el control del sistema migratorio nacional y suprimir los incentivos para los cruces irregulares. En contraste, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han interpuesto demandas ante tribunales federales, sosteniendo que la reinterpretación de las normas sobre el ajuste de estatus resulta excesivamente restrictiva y forzará a millones de personas a gestionar sus trámites de visado desde el exterior.
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