El panorama para los colombianos que sueñan con llegar o permanecer en los Estados Unidos ha dado un giro de 180 grados. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Washington ha implementado una agresiva batería de medidas que no solo encarecen los trámites, sino que imponen filtros mucho más estrictos y punitivos. Bajo la bandera de la “emergencia nacional en la frontera sur”, el gobierno republicano ha reconfigurado el sistema migratorio, afectando directamente a turistas, profesionales y familias colombianas.
Uno de los cambios más dolorosos para los colombianos es el incremento en el costo de la visa de turismo y negocios (B1/B2). Con la entrada en vigor de la ‘Gran y Hermosa Ley de Facturas’, se sumó una Tasa de Integridad de 250 dólares al valor base. En la práctica, el trámite pasó de 185 a 435 dólares, lo que representa un desembolso cercano a los 1,6 millones de pesos por persona. Este aumento se suma a la obligatoriedad de entrevistas presenciales incluso para menores de 14 años y mayores de 79, reduciendo drásticamente las excepciones que existían anteriormente.
Además, los trabajadores calificados enfrentan barreras económicas casi insuperables. Para las codiciadas visas H-1B, los empleadores ahora deben pagar una tarifa de 100.000 dólares, mientras que el sistema de selección prioriza únicamente los salarios más altos, dejando por fuera a miles de profesionales jóvenes. Por el contrario, para los millonarios se creó la ‘Gold Card’, que permite obtener la residencia mediante un “regalo” de un millón de dólares al gobierno estadounidense.
La privacidad ha quedado en un segundo plano. Ahora, el Departamento de Estado exige a los solicitantes declarar todas sus redes sociales de los últimos años. Los oficiales consulares revisan publicaciones e interacciones para decidir si una persona es “apta” para ingresar. Pero el control va más allá de lo digital: una nueva directriz instruye a negar visas por condiciones médicas crónicas, incluyendo el peso, estado físico o enfermedades cardíacas, bajo el argumento de que el solicitante podría representar una carga para el sistema de salud o no ser apto para ciertas categorías laborales.
En materia humanitaria, el retroceso es evidente. El 12 de diciembre se anunció el fin del Programa de Reunificación Familiar para Colombia, eliminando una vía legal y segura para que miles de personas se reencontraran con sus seres queridos. Al mismo tiempo, Trump lanzó una estrategia de “autodeportación”, ofreciendo bonos de hasta 2.600 dólares a quienes acepten salir voluntariamente del país a través de la aplicación CBP Home.
Para quienes ya están en suelo estadounidense en estatus irregular, el cerco se cierra con las deportaciones exprés, que permiten expulsar extranjeros sin necesidad de una audiencia ante un juez. Asimismo, se eliminó la posibilidad de fianza para detenidos por ICE en estados como Texas y Luisiana, y se redujo la vigencia de los permisos de trabajo (EAD) de cinco años a solo 18 meses, eliminando de paso la renovación automática.
En medio de las restricciones, el Mundial de Fútbol de 2026 aparece como una excepción logística. Se habilitó el FIFA Pass para agilizar controles migratorios de aficionados con boletos comprados. Además, la embajada ha permitido que los colombianos tramiten sus visas de turismo en consulados de Panamá o Brasil para tratar de descongestionar la sede en Bogotá, donde las citas siguen teniendo tiempos de espera prolongados.
Sin embargo, las medidas de “Carga Pública” y la reducción del cupo de refugiados a solo 7.500 personas para el año fiscal 2026 confirman que la política de “puertas cerradas” es la nueva norma. Para el colombiano de a pie, el mensaje de Washington es claro: viajar a Estados Unidos es hoy más caro, más difícil y requiere un historial (digital y médico) impecable.
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